CTE declara ilegales las infracciones de tránsito detectadas por radares desde el 20 de septiembre
Se ha bloqueado estas infracciones de tránsito, generadas por dichos radares, desde el 20 de septiembre de este año.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) ha comunicado a la ciudadanía que las infracciones de tránsito detectadas por radares a partir del 20 de septiembre son consideradas ilegales.
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A través de un comunicado emitido este miércoles 2 de octubre, la institución aclaró que, las sanciones notificadas tras la finalización de convenios de coordinación y cooperación interinstitucional, "firmados ilegalmente" en administraciones anteriores entre la CTE y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales tipo B y la Mancomunidad Centro Guayas, carecen de validez legal.
La CTE ha bloqueado estas infracciones de tránsito, generadas por dichos radares, desde el 20 de septiembre de este año en sus sistemas oficiales y en los de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Por lo tanto, las notificaciones correspondientes a estas infracciones son consideradas ilegales.
Los ciudadanos pueden acceder al listado de los GAD y la Mancomunidad cuyos convenios han sido finalizados a través del enlace proporcionado por la CTE.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la CTE para evitar caer en situaciones irregulares.
Irregularidades con radares
Los radares de velocidad, cuyo objetivo es reducir los siniestros de tránsito en Ecuador, han sido objeto de controversia debido a denuncias de irregularidades en su operación y contratos.
Según las últimas acusaciones, algunos de estos equipos solo han servido para "sacar plata" a los ciudadanos, mediante la emisión de multas excesivas y fraudulentas.
En junio pasado, el Gobierno Nacional anunció acciones inmediatas para enfrentar estas irregularidades. "No le volverán a meter la mano al bolsillo de la gente", aseguró el presidente Daniel Noboa, en respuesta a las denuncias presentadas por el asambleísta oficialista Adrián Castro, quien reveló un presunto esquema de corrupción detrás de los radares.
Las investigaciones señalan a los consorcios SEVIECU y ECUTRANSIT, que obtuvieron contratos para la instalación de 480 radares a nivel nacional, como los principales implicados en estas irregularidades. Los contratos han sido cuestionados por emitir multas fraudulentas, perjudicando directamente a los conductores.
Estas acciones, calificadas como estafas a la ciudadanía, hicieron que Noboa tome medidas para "erradicar todo tipo de mafias enquistadas en las instituciones públicas".
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