Caso Aidita Ati: ¿Por qué los militares implicados podrían ser declarados inocentes?
Fiscal de Quito emitió dictamen abstentivo para los seis procesados.
El caso Aidita Ati, en el que se investiga un presunto femicidio, sigue causando incertidumbre. Esta vez se conoció que la fiscal de Quito se abstendrá de acusar a los seis militares implicados. Mientras tanto, la defensa de la familia de la subteniente pedirá una consulta a la Fiscalía de Orellana, donde arrancó la investigación, para que revoque ese dictamen. Además, este lunes 30 de septiembre se realizará un plantón.
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La víctima fue hallada sin vida el pasado 29 de junio en el Fuerte Militar Napo en la provincia de Orellana. La primera autopsia determinó que la joven murió a causa de una asfixia mecánica e incluso se dijo que había señales de agresiones físicas y violación.
Inicialmente, el caso era investigado por la fiscal de Orellana, Eulalia Rodríguez, pero luego pasó a la fiscal de Quito, María Isabel Jiménez, quien trabajó en el caso María Belén Bernal. Así mismo, la familia Ati cambió de abogado.
Bajo esa nueva dirección, se pidió la exhumación del cuerpo y esta determinó que la causa del fallecimiento sería un edema pulmonar por intoxicación.
“Esto quiere decir que la señorita Ati tomó demasiado y prácticamente su sistema respiratorio colapsó causándole la muerte”, mencionó Paúl Vergara, abogado de uno de los procesados del caso.
También se había comentado sobre una sustancia blanquecina en las áreas genitales de la víctima, pero Vergara asegura que los resultados de los exámenes determinaron que ese líquido no tenía la proteína P30, una sustancia específica secretada por el hombre a nivel de la próstata.
Según el jurista, “no existió evidencia” de golpes y otras conclusiones que se determinó en la primera autopsia, pues a su criterio ese informe fue hecho por una "persona sin experiencia".
“Esto hace que Fiscalía no tenga absolutamente ninguna prueba en contra de mi cliente y los otros cinco procesados”, apuntó Vergara, quien indicó que “el daño causado a los implicados es invaluable”. Por ello, no descarta iniciar procesos en contra de la fiscal de Orellana y la perito que efectuó la primera autopsia.
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BUSCARÁN REVOCAR DICTAMEN ABSTENTIVO
Por su parte, Galo Quiñones, abogado de la familia Ati, reiteró que el resultado de la exhumación es “contradictorio e ilógico” en comparación con la primera pericia. Agregó que no pueden existir dos informes completamente distintos, por lo cual aún falta determinar “quién miente y quién hizo fraude procesal”.
El jurista también detalló que si bien el examen de ADN al líquido blanquecino encontrado en el cuerpo de la víctima salió negativo, “eso no quiere decir que los procesados no hayan cometido alguna agresión sexual, pues pudieron utilizar algún tipo de preservativo, objetos o dedos”.
Así mismo, hay una autopsia psicológica que es favorable para la defensa de la familia Ati, según manifestó Quiñones.
La defensa prepara un escrito con el que se elevará una consulta a la Fiscalía de Orellana para que se evalúe el dictamen abstentivo de la fiscal de Quito. Con esto, el fiscal de esa provincia amazónica deberá revocar la medida o ratificarla.
“Si es que mantiene el dictamen ahí quedaría el caso, habría impunidad, pero si es que lo revoca tenemos la oportunidad de pasar a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”, explicó Quiñones.
Mientras tanto, la familia de la subteniente realizará un plantón este lunes 30 de septiembre, a las 09:00, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quito, bajo el lema “justicia y verdad para Aidita Ati”.
CRONOLOGÍA
Todo empezó el 28 de junio del 2024, cuando en el Fuerte Militar Napo se realizó una fiesta no autorizada para despedir a dos suboficiales. Allí estuvo Aidita Pamela Ati, quien posteriormente fue llevada a su habitación por cuatro militares (ahora procesados).
El 29 de junio, a las 06:30, Aidita fue encontrada sin vida. Luego, el cuerpo fue llevado a un Centro Forense de Sucumbíos sin la autorización de la familia.
El mismo día del hallazgo, la Fiscalía detuvo a 18 personas que habrían participado en aquella fiesta. Sin embargo, al finalizar la diligencia, se procesó solo a cuatro sujetos: Freddy Quintanilla, Xavier Pinoargote, Johan Mena y Ángel Jiménez.
Inicialmente, quedaron en libertad, pero el 17 de julio se ordenó su prisión preventiva, aunque esta medida fue revocada el 12 de agosto. La jueza Mireya Torres justificó su decisión, entre otras cosas, por un documento de la Comandancia de la brigada militar de Orellana que garantiza que no hay riesgo de fuga. Actualmente, están libres.
El 31 de julio, la Fiscalía vinculó a dos personas más en el grado de cómplices. Se trata de Luis Fierro y María Vaca. El primero habría recibido un mensaje de texto de la víctima para que vaya a recogerla de la reunión y la segunda encontró sin vida a la subteniente, pero no habría reportado el hallazgo.
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