El CPCCS encontró irregularidades en carnés de discapacidad emitidos por el MSP
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a través de su presidenta Mgs. Sofía Almeida, presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el informe preliminar de la investigación que determina irregularidades y presuntas responsabilidades en la emisión de carnés de discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, desde el momento en que asumió la competencia sobre este proceso, en el año 2013.
La presidenta Sofía Almeida indicó a los medios de comunicación que este primer informe parcial determina una posible red de corrupción para la emisión irregular de carnés que han sido mal utilizados para lograr beneficios de jubilación por vejez.
Además, detalló, previo a la entrega del documento, que esta investigación preliminar encontró presuntas irregularidades en la entrega en total de 794 carnés de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
El Consejero David Rosero explicó que la Fiscalía debe establecer las responsabilidades penales por parte del personal tanto del Ministerio de Salud, como del CONADIS, quienes estarían involucrados en estas emisiones irregulares sin cumplir con la normativa reglamentaria.
También, indicó que el informe se presentará a la Contraloría General del Estado para que se determinen responsabilidades administrativas de las autoridades de estas dos instituciones por incumplir con la emisión oportuna de la respectiva normativa.
El CPCCS solicitó a la FGE que inicie la investigación penal tanto de los beneficiarios como de los servidores que, en coordinación con la funcionaria del Ministerio de Salud Pública (Viviana S.) quien además de carecer de competencia en razón de su perfil profesional, acreditó 497 carnés de discapacidad, que fueron eliminados en noviembre de 2019, por el Ministerio de Salud Pública por no cumplir con los requisitos correspondientes.
Además, solicitó que se inicie la investigación penal tanto de los beneficiarios como de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que calificaron a 274 personas que no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Discapacidades, para acceder a la pensión por jubilación especial por vejez (discapacidad).
En estos casos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que conllevan, se presume el delito de peculado, producto de redes de corrupción, asociación ilícita, tráfico de influencias, relacionadas con el favorecimiento de beneficios sin que se cumplan con los requisitos legales establecidos; y/o con la presunta falsificación y uso de documento falso.
Según el informe presentado, durante 20 años la facultad de calificación de la discapacidad estuvo a cargo del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), entidad que emitió un total de 340.747 carnés de discapacidad. En menos de la mitad de ese tiempo (7 años), con la misma Normativa Técnica, el Ministerio de Salud Pública emitió 384.055 carnés.
Esta emisión elevada de carnés se dio mientras se incumplía con la obligación legal de emitir una nueva Normativa Técnica para la Calificación y su consiguiente evaluación a las personas con discapacidad bajo el nuevo sistema. Este instrumento legal contrario a lo establecido en la LOD, se aprobó luego de 5 años.
Sobre el caso del carné de discapacidad obtenido por el Ing. Christian Cruz Larrea, el informe indica que el Ing. Cruz, no acudió a la recalificación requerida en el año 2010 en varias ocasiones por el CONADIS; 10 años después debido a la conmoción social, solicitó su recalificación.
Además refiere que un año 10 meses después de haber obtenido el certificado de discapacidad con el 81%, debido a deficiencias visual y auditiva, el Ing. Cruz renovó su licencia de conducir Tipo E, aprobando de manera satisfactoria el examen psicosensométrico.
El CPCCS también remitirá el informe a la Contraloría General del Estado a fin de que en virtud de la falta de coordinación, acciones y omisiones determine las correspondientes responsabilidades a que hubiere lugar por parte de los servidores y máximas autoridades del CONADIS, Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Finalmente, el CPCCS exhorta a la Asamblea Nacional sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Discapacidades, a fin de que la Autoridad Nacional Sanitaria recobre la facultad de recalificación, como medio de ejercicio de control.
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