Caminos sinuosos: el millonario esquema de las concesionarias de las carreteras del Guayas
Cecilio Moreno Mendoza lunes, 26 octubre 2020 - 03:06
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Hace 22 años se concesionaron las carreteras del Guayas. En este tiempo casi no hubo críticas al estado de las vías, pero sí inconformidades con el esquema. Hoy la Prefectura lucha por imponer multas de 29 millones de dólares por supuestos incumplimientos y amenaza romper el contrato.
“Sí, sí hay una dedicatoria y es para los corruptos. A ellos tiene que quedarles claro que se acabó la fiesta”, dijo a Vistazo la prefecta del Guayas, Susana González, al referirse a las millonarias multas que ha impuesto a las dos compañías privadas que manejan las carreteras del Guayas desde hace dos décadas. Una batalla judicial ha empezado.
Limpieza al armario
González reemplazó a Carlos Luis Morales tras su fallecimiento. En su tercer mes de gestión ya agita el avispero contando que esa dependencia “ha sido el basurero de los partidos políticos” y que tras la limpieza quedará solo una tercera parte del millar y medio de empleados que encontró.
Además, aseguró que han comprobado incumplimientos en la tarea de las concesionarias de las carreteras de la provincia y que por ello ha impuesto multas que suman 29 millones de dólares.
Se quejó del “desequilibrio económico” que argumentan las contratistas y que no es otra cosa que subsidios “que terminan tomando recursos del presupuesto para otras obras”. Reveló que además de lo que cobran a los vehículos, unos 60 millones de dólares anuales del presupuesto de la Prefectura van a las concesionarias. Esto es aproximadamente una cuarta parte del presupuesto del ente provincial.
En 1998, cuando se llamó a licitación internacional, las autoridades de la época anunciaron que las vías se dividirían en dos grupos que serían administradas por empresas diferentes. De hecho, se adjudicó a dos consorcios. Pero poco tiempo después la ciudadanía conocía que ambos, Consegua y Conorte, tenían detrás a un mismo accionista principal, la constructora Hidalgo & Hidalgo.
Para el abogado Joffre Campaña, representante de las concesionarias, hay una explicación lógica: “En 1998 ganan los mexicanos y vino el Fenómeno de El Niño, que terminó de destrozar el sistema vial y la crisis bancaria que remató el escenario. Los ganadores dijeron: No seguimos porque nuestra propuesta demanda cierto nivel de inversión y ahora es imposible cumplir con el contrato. Es ahí cuando, siguiendo procesos autorizados por los organismos de control, ingresaron las concesionarias ecuatorianas asumiendo el riesgo. Propusieron arreglar las carreteras fijando una tarifa que les permita recuperar la inversión. Eso matemática y financieramente resiste cualquier análisis”.
El recálculo implicaba un aumento del peaje de uno a 1,25 dólares. A partir de allí el Consejo Provincial decidió subsidiar la diferencia. El esquema se ha mantenido. En 2019 se recaudaron 84 millones en una decena de estaciones de peaje y pontazgo.
Pero adicional al subsidio, el Consejo Provincial contrata nuevas obras directamente con las mismas concesionarias. En 2019 este concepto representó la tercera parte del total de ingresos de las dos operadoras, unos 47 millones de dólares.
En los informes de los gerentes de las concesionarias, remitidos a la Superintendencia de Compañías, se revela que el mismo día de noviembre de 2017 se firmaron dos contratos que suman 93 millones de dólares, uno con Concegua, otro con Conorte. Para ambos casos, en octubre de 2018 hubo un anexo “por incremento de costos” que significó 16 millones más. Los pagos se hacen mediante fideicomisos automáticos. Cuando el gobierno transfiere rentas al Consejo Provincial, automáticamente le acredita la parte correspondiente en la cuenta de las concesionarias. Los retrasos en que ha incurrido el Estado en los últimos meses han afectado también estas transferencias.
Las multas que tratan de imponer, corresponden en su mayoría a esas obras nuevas supuestamente no ejecutadas en varios tramos de las vías Durán-Tambo y Guayas-Manabí. El Consejo Provincial cuenta hasta 630 días de incumplimiento.
La prefecta González dice que las acciones legales están basadas en los contratos de concesión que se amparan en la Ley de Modernización de 1996 y devela que buscar esos contratos fue una odisea. “Cuando llegué el contrato no estaba en la dirección de Concesiones. Me tomó 30 días irlo recuperando por partes en diferentes sitios, incluso de oficinas privadas”. Sustenta las multas en notificaciones que desde 2017 no habrían sido respondidas.
La Prefectura alega, además, que el contrato prohíbe que las concesionarias deleguen a terceros su operación. Esto porque muchas de las gestiones, incluido el cobro
de los peajes, lo hace la empresa Opevial. Ellos dicen que: “La concesionaria es una compañía que puede ejecutar sus obras con sus empleados o contratando a terceros”.
Acciones de protección
Las concesionarias interpusieron acciones de protección ante lo que califican como una violación de derechos. Para Campaña, “No hubo notificación previa formal. Simplemente notifican a la concesionaria que en 2017 han pedido esos cambios, como no los hizo, se pone la sanción. Me parece, es idea mía, que han tomado una decisión presionados por la necesidad de hacer obra pública”. Alega también que no puede haber obligación de ejecutar un trabajo porque hay incumplimiento de pagos.
Un juez aceptó el recurso y suspendió la multa, pero otro ratificó la sanción. Para la prefecta, existen incluso causales para la terminación del contrato. En ese caso, el ente provincial asumiría las vías mientras se hace una nueva licitación. Un camino que podría también ser sinuoso.
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