¿En qué consiste la Ley de Creación de Oportunidades presentada por el Gobierno de Guillermo Lasso?
El cuerpo legal, de carácter urgente, consta de casi 200 páginas en las que se expone alarmantes datos como que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado.
“No hay nada más económico que el empleo, ni nada más urgente que crearlo”, así empieza el proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que presentó este viernes el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.
“He venido aquí siendo la voz de aquellos que luchan día a día en Ecuador. La Ley de Creación de Oportunidades es para el pueblo ecuatoriano y todos quienes quieren vivir con dignidad y prosperar con éxito”, dijo el mandatario ante los asambleístas.
El cuerpo legal, de carácter urgente, consta de casi 200 páginas en las que se expone alarmantes datos como que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado, situación que afecta transversalmente a toda la economía.
Según el documento, esta circunstancia no es únicamente por la pandemia del covid-19 o por un Gobierno puntual, sino que responde a un problema estructural y constante, que ha sido atendido parcialmente.
Por ello, este proyecto de ley plantea una serie de reformas en el ámbito tributario que se dirige a eliminar varios impuestos, pero que también pedirá una mayor contribución a las personas con ingresos superiores a los 24.000 dólares al año, entre otras reformas.
¿Estas medidas ayudarán al emprendimiento, la atracción de inversiones y la generación de empleo? Cinco analistas económicos explican los aciertos y posibles falencias del proyecto, que deberá ser tramitado por la Asamblea en un mes, por su carácter de económico urgente.
ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS
Uno de los pilares de la ley se refiere a la simplificación del sistema tributario, se plantea eliminar el IVA para productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias, entre otros insumos de higiene femenina.
Así mismo, el Gobierno plantea eliminar el ICE para planes de telefonía, videojuegos, entre otros servicios y suprimir el impuesto a la herencia para hijos y cónyuges. Se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia.
La economista Diana Morán, profesora de la Universidad de Guayaquil, señala que la eliminación de estos impuestos, sobre todo los relacionados con la higiene femenina, es positivo, pues fomenta la equidad de género.
De hecho, un informe de Plan Internacional señala que en Ecuador se estima que las mujeres gastan, solo en toallas sanitarias, un promedio de 42 dólares al año, un alto costo especialmente en aquellas familias con ingresos básicos y en las que hay más de dos mujeres.
Sin embargo, Morán dice que estos beneficios no contribuyen directamente a la reactivación, “si hablamos de la reactivación productiva todos estos esfuerzos deberían converger hacia ese punto, pero hay otros elementos que podrían ser intentos de captar la atención”.
Algo con lo que concuerda el analista Alberto Acosta Burneo, quien menciona que se debió priorizar la eliminación de tributos distorsivos. “Los impuestos que están eliminando son los políticamente más atractivos, pero no son los que más daño generan”.
El economista explica que se mantienen impuestos que impiden la inversión, fuente fundamental para la producción y la generación de empleo. Por ejemplo, cree necesario nivelar el impuesto a la renta corporativa, pues actualmente, la carga corporativa en el Ecuador es 42,6% superior al promedio regional.
Así mismo, para Acosta se debió eliminar el impuesto a la salida de divisas, puesto que este dificulta el ingreso de capitales.
“El tercer tema que sí está en el proyecto es la eliminación del 2% sobre las ventas para las microempresas, que era un castigo para la inversión porque se debía pagar el impuesto incluso cuando no había rentabilidad”, agrega.
CONTRIBUCIONES PROGRESIVAS
En el proyecto se pide una mayor contribución a los ecuatorianos que tienen ingresos superiores a los 24.000 dólares al año, es decir, aquellos que ganan más de 2.000 dólares al mes. Según el Gobierno, estas personas representan el 3.5% de la Población Económicamente Activa.
“Este aporte será absolutamente progresivo y gradual. Se irá haciendo más grande y solidario conforme lo paguen quienes más ganan”, dijo el presidente en su primera cadena nacional el pasado jueves.
Aquellos que tengan patrimonios mayores a los 500.000 dólares también deberán pagar una contribución temporal durante dos años. Y por una sola vez, las empresas con un patrimonio mayor al millón de dólares, y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en 2019.
Frente a esto, el economista Víctor Hugo Albán, quien lidera un grupo de analistas, considera que esa contribución sí afectará a la clase media, al contrario de lo que dice el Ejecutivo y explica que el aumento de impuestos debería estar dirigido a personas que ganan más de 5.000 dólares al mes.
“Se está yendo contra la clase media, la clase que le puso como presidente”, dijo Albán, quien también cuestiona la contribución temporal a los patrimonios mayores a los 500.000 dólares.
“Eso va a significar que la gente saque su patrimonio, lo divida, lo ponga en una fundación o en una compañía, hay un montón de maneras de evadir y eso repercute en los impuestos directos e indirectos”.
Así mismo, Alberto Acosta Burneo dice que es una medida contraproducente porque Ecuador es una economía que recién está saliendo de la recesión, “los actores económicos necesitan financiamiento para poder recuperarse”.
“Retirar recursos de la sociedad y las empresas implica que va a haber menos dinero para invertir, generar nuevos proyectos y ampliar la producción. ¿Cuál es el resultado? Menos empleo y posponer la recuperación económica”.
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
En Ecuador apenas 3 de cada diez personas tienen un empleo formal. Por ello, para el 70% de ecuatorianos que “no tienen garantizado ni siquiera el derecho a un trabajo”, se plantea crear un régimen alternativo y voluntario de oportunidades laborales.
Según el Gobierno, esto permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo acordes con los nuevos tiempos, donde la tecnología facilitará el teletrabajo, o las horas laborales pueden repartirse de maneras distintas.
“Vamos a reformar el mercado laboral, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca revirtiendo derechos de quienes ya tienen su empleo. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado”, dijo Lasso en cadena nacional.
La reforma propone entre otras cosas, que no se perderán las vacaciones acumuladas, variedad de licencias de maternidad y lactancia, no habrá límites a las utilidades de los empleados, etc.
Pero la propuesta que más genera debate es la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo que podrán durar hasta cuatro años, pero si se pasa de ese tiempo, todo contrato se convertirá en indefinido.
José Hidalgo, director de la Corporación para el Desarrollo (Cordes), señala que tener opciones de contratación va a permitir que las personas que inicien un emprendimiento puedan contratar a nuevo personal.
“También ayuda a que personas sin experiencia laboral, sobre todo los jóvenes, para que se vinculen con empresas del sector formal. Al momento existen limitaciones sobre todo por los costos de despido, que muchas veces hacen que las empresas contraten personas con experiencia y no jóvenes”.
Por su parte, la catedrática Diana Morán cree que podría ocurrir algo similar a la Ley Humanitaria que fue aprobada en los meses más graves de la pandemia.
Explica que las dinámicas de los mercados son distintas. El mismo establecimiento de salarios es un proceso de negociación, que favorece a los empleadores.
“Decir que los trabajadores podrán tener voz y voto para decidir con qué código o ley quieren vincularse en realidad es una falacia. El Gobierno debe estar vigilante, caso contrario ocurrirá lo mismo que la Ley Humanitaria, cuando muchos negocios no se vieron afectados por la pandemia y sin embargo decidieron despedir gente”, comenta.
GESTIÓN POLÍTICA
El exministro de Economía, Mauricio Pozo, cree que el proyecto presentado por Lasso tiene metas favorables o que apuntan a lo que necesita el país, “desde ese punto de vista parece que el saldo del contenido del programa y de la ley es positivo”.
Sin embargo, explica que Ecuador en comparación con la gran mayoría de países de América Latina es de los que menor crecimiento económico va a presentar luego de la crisis por la pandemia.
“La gran mayoría de países tiene tasas de crecimiento del 5, 6 y 8, son porcentajes mayores a Ecuador, que en el mejor de los casos tendrá una tasa del 3%. En esas circunstancias se hace más difícil políticamente vender un aumento tributario”.
Por ello, señala que la gestión en la Asamblea es fundamental porque "caso contrario quedará como otra ley que no progresa". De hecho, el Legislativo devolvió la proforma 2021. Habrá que ver si Lasso sufre un nuevo revés o si llegan a consensos.
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