El presidente Guillermo Lasso decidió este martes vetar parcialmente la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación, aprobada a mediados de febrero de 2022 por la Asamblea Nacional.
"Como Presidente de la República debo respetar la sentencia de la Corte Constitucional, aún cuando no comparta muchas de sus premisas y conclusiones jurídicas", señala la misiva firmada por Lasso enviada a los medios de comunicación por la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Por esta razón, el Mandatario explicó que incluyó algunas observaciones a la Ley con el objetivo de haya concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional. Según Lasso, hay disposiciones "claras" del máximo órgano de control jurídico que no fueron acatadas por la Asamblea Nacional.
PLAZOS DE 12 SEMANAS PARA MUJERES DE SECTORES RURALES Y URBANOS
Respecto a los plazos para la realización del aborto, el Mandatario pidió que se unifique la temporalidad, tanto para casos del sector rural como del sector urbano en 12 semanas, "pues todos somos iguales ante nuestra Constitución y nuestras leyes", argumentó.
La normativa regula el acceso a este procedimiento en caso de violación, estableció interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y hasta las 18 cuando se trate de niñas, indígenas y mujeres de áreas rurales.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL PRECEDIMIENTO
El presidente Lasso también aseguró que en el dictamen de la Corte Constitucional se ordenó establecer los requisitos necesarios para acceder al aborto. Sin embargo, aseguró Lasso, la Asamblea "prácticamente los ha omitido".
Por ello, incluyó en su texto algunos requisitos que pueden ser incluidos en el cuerpo legal. Estos serían la denuncia penal, el examen médico o la declaración juramentada.
El proyecto de ley hasta ahora solo exige llenar un formulario único, lo que a decir de Lasso no reúne las condiciones para ser entendido como instrumento suficiente para verificar que la persona que busca acceder al aborto fue víctima de violación.
OBJECIÓN DE CONSCIENCIA
El Jefe de Estado recordó que la objeción de consciencia, uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución, debía ser desarrollado de manera amplia en la Ley, pero que la Asamblea lo desconoció abiertamente. Por ello, mencionó, también incluyó entre sus observaciones artículos que garanticen a todos los profesionales de la salud la aplicación de este principio constitucional.
"Mis objeciones incluyen 61 textos alternativos. Con ellos, el proyecto de ley retorna a la Asamblea que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original, o si s acepta la propuesta del Ejecutivo", insistió Lasso en su misiva.