Ecuador termina el 2023 como el país más violento de América Latina
Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi tres años, Ecuador tocó fondo en 2023 y probablemente terminará con una tasa de muertes violentas superior a los 40 por cada 100.000 habitantes.
Y es que en Ecuador casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal, con un volumen de 7.497 muertes violentas en el año, sólo hasta el pasado 17 de diciembre.
Por ello, es muy probable que Ecuador termine este año con una tasa de entre 40 y 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicaría al otrora país de paz como el más inseguro y violento de toda América Latina, según comentó a la Agencia EFE la especialista en temas de seguridad, Carolina Andrade.
De hecho, en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del norte de Guayaquil, la capital de la provincia de Guayas, la tasa llega a 114 por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.
El asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. cuando salía de un mitin proselitista en Quito, así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, son dos de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos.
Pero también han generado angustia las continuas masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de las prisiones, la retahíla de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del 'microtráfico' y el asesinato 'por error' de niños que dormían en su vivienda en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil.
La escalada de violencia también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país durante la Presidencia de Guillermo Lasso, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, lo que corresponde a casi la mitad de su periodo, recortado mediante el mecanismo constitucional denominado como Muerte Cruzada.
Durante su periodo se denunciaron presuntos vínculos mafiosos de altas autoridades policiales y militares, en lo que se denominó como el caso de los 'narcogenerales' y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito.
Según Andrade, el narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no sólo sujetan a sectores poblacionales, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado.
Se conoce que las mafias del narcotráfico usan sistemas de exportación formal en Ecuador para enviar droga a Europa y Estados Unidos, los grandes consumidores.
Según expertos, el 70% del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o lava en el sistema financiero y sólo un 30% es diluido en la economía informal.
Un informe de Naciones Unidas reveló recientemente que entre el 30% y el 50% de la droga que llegó a Grecia y Turquía en este año provino del puerto de Guayaquil.
Por ello, para Andrade, la lucha contra el microtráfico -el menudeo que se expende en las calles del país- no es el mayor desafío, sino el que se haga contra las grandes mafias del narcotráfico que, según se ha investigado, ha infiltrado instituciones formales del país.
La especialista consideró que, además, la crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias.
El 40% de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37,2% de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad.
La mayoría de la población carcelaria posee un nivel de instrucción escolar inferior a la educación básica y el 59% de quienes han muerto en las recurrentes masacres que se han producido en las prisiones son jóvenes.
La enorme deserción escolar en el país y la alta emigración son otros factores que vuelven vulnerables a la población infantil en el entorno del auge de la criminalidad, agregó Andrade.
Para la experta, la lucha contra la inseguridad tiene que ser integral y decidida. Por ello pidió al presidente Noboa que concrete la asignación de equipamiento y recursos a la Policía para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una tarea vital que dejó pendiente su antecesor.
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