La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) de Ecuador ratificó las multas impuestas a la constructora brasileña Odebrecht y a la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) por colusión en una contratación pública.
El superintendente, Danilo Sylva, negó los sendos recursos de apelación presentados por ambas empresas frente a las multas impuestas en primera instancia a Odebrecht (ahora llamada CNO en Ecuador), por 56,7 millones de dólares; y a Celec por 1,3 millones de dólares.
La decisión la tomó considerando que no existe vulneración al derecho al debido proceso, ni vicios que afecten el procedimiento administrativo sancionador, según detalló este jueves la SCPM en un comunicado.
El acuerdo colusorio vertical se dio entre Celec, en calidad de contratante, y Odebrecht, como proveedor del Estado, para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu y la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica de Pucará.
El coste de estas dos obras se incrementó en más de 130 millones de dólares a lo largo de su construcción, por encima de los presupuestos referenciales.
En el caso de la central hidroeléctrica de Manduriacu, esta fue licitada por 118 millones de dólares y su coste final fue de 222,3 millones de dólares, con un aumento de 103,8 millones.
Para la reparación del túnel de Pucará, el ascenso del coste de la obra fue de 26 millones de dólares, pues se adjudicó por 14,9 millones de dólares y la factura final resultó de 41,1 millones de dólares.
Para la SCPM, la colusión ha sido probada tanto en el acuerdo de culpabilidad suscrito por el abogado de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como en el acuerdo de delación premiada del exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Ecuador fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht reconoció haber cometido actos de corrupción para ganar grandes contratos en obra pública, un escándalo que incluyó en varios países millonarios sobornos y la financiación irregular de las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
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