El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, solicitó a la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, que realice una visita a Ecuador para "constatar la grave problemática que afecta a la Función Judicial y el impacto negativo que esto tiene en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos".
Mediante un escrito enviado a Reneaum, Terán explicó a la autoridad interamericana que la función judicial ecuatoriana cuenta con 10.480 servidores públicos a nivel nacional, pero que para brindar un servicio eficiente requiere cubrir 1.648 nuevos puestos que se encuentran vacantes.
Asimismo, recordó que hay 598 servidores judiciales en edad de jubilación, quienes por la falta de presupuestos no pueden acceder a ese derecho.
Terán también comentó a la CIDH que se registran en el país 651.485 causas aún sin resolver, pero que con la cantidad actual de funcionarios judiciales "resulta imposible" brindar a la población un servicio ágil de justicia, por lo que se requiere de al menos 692 nuevos jueces.
🔴Por el grave problema que atraviesa la Función Judicial, el mal uso de redes sociales y la continua campaña de la Función Ejecutiva para desacreditar a la Función Judicial; he presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH para ser recibido.
— Wilman Terán (@teran_wilman) April 19, 2023
Ello, según la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, es uno de los efectos de la disminución de los presupuestos asignados a la función judicial en los últimos diez años.
"La falta de presupuesto impide dar mantenimiento a las dependencias judiciales, adquirir insumos y contratar personal para cumplir con la misión y visión del Consejo de la Judicatura. Además genera un sentimiento de desconfianza en la sociedad", agregó en el escrito.
Según Terán, la situación actual puede generar un impacto diferenciado del sistema de justicia en aquellos grupos que se encuentran "expuestos a mayor riesgo, pues la demora en los procesos judiciales no solo implica la acumulación de causas y el retraso en el sistema de justicia, sino también una lesión aumentada a los derechos de los ciudadanos".
La Judicatura, en el escrito enviado a la CIDH, explicó además que los problemas en el sistema judicial "ponen en riesgo los derechos al trabajo, a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la igualdad ante la ley".
El pronunciamiento del titular del Consejo de la Judicatura sucede a reclamos expuestos al Gobierno, en los que ha solicitado una mayor atención a la función judicial en un momento de presión ante el auge de la delincuencia, el crimen y la violencia en casi todo el territorio nacional.
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