La Asamblea Nacional aprobó, este jueves 21 de julio de 2022, en segundo debate el proyecto de reformas a la ley de Comunicación de Ecuador.
La reforma se realizó con 75 votos afirmativos, con el apoyo de la bancada correísta UNES, "los rebeldes" de Pachakutik, de la ID y algunos independientes.
Previo a esto, el Pleno rechazó el informe de mayoría enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, cuya votación alcanzó 55 de los 70 apoyos necesarios para su aprobación.
La moción para negar este informe fue propuesta por la primera vicepresidenta del Parlamento, Marcela Holguín (UNES), para que luego se de paso a la votación del informe de minoría presentado por el legislador, Ángel Maita (PK).
Este último, obtuvo 73 votos a favor, 25 en contra y 33 abstenciones, pero en su reconsideración alcanzó 75 apoyos, 21 rechazos y 30 abstenciones.
Por su parte, el coordinador de la bancasa oficialista BAN y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, señaló que el informe aprobado no pasó por la Unidad Técnica Legislativa (UTL) y que, por lo tanto, no se han dado cuenta de que el informe no tiene verbos rectores.
También señaló que existen contradicciones como la alteración de artículos dentro de la misma ley que luego son derogados en la misma.
El asambleísta Flores agregó que la comisión de Relaciones Internacionales aprobó la generación de una nueva ley de Comunicación, y no un proyecto reformatorio. Asimismo, señaló que el texto aprobado busca el regreso de una ley mordaza a Ecuador.
Por su parte, Holguín dijo que este proyecto de minoría no regula la opinión y tampoco judicializa a los trabajadores de los medios, porque no permitiría sanciones penales.
El Gobierno rechazó, a través de un comunicado, la aprobación de la Ley de Comunicación que calificó como "mordaza". Además, subrayó que este informe intenta "restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución".
Asimismo, el Gobierno de Guillermo Lasso indicó que una vez que la ley sea enviada oficialmente al Ejecutivo, el presidente evaluará las acciones pertinentes para "precautelar la democracia", en referencia a un posible veto de este reforma.