Jorge Yunda no dejará sus funciones como alcalde de Quito hasta tener un pronunciamiento de la Corte Provincial, señaló el burgomaestre removido, mediante su red social Twitter, dos horas después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó de forma unánime su destitución del cargo.
“El dictamen del TCE no me impide el ejercicio de mi cargo, la justicia constitucional ratificó la violación de mis derechos y suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie”, señaló Yunda en la red social.
Su afirmación tiene sus bases en la acción de protección que le confirió parcialmente la jueza María Belén Domínguez, presentada la mañana de este jueves 1 de julio, que deja sin efecto el informe que presentó la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito, y que establece la creación de un nuevo documento, en el que haya imparcialidad, para lo cual los miembros de la Comisión de Mesa deben principalizar a sus alternos en alguna de las fases del proceso.
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Pero esa decisión fue apelada por la defensa de Yunda y los integrantes de la Mesa. De tal manera, que la sentencia pasaría a la Corte Provincial de Pichincha, para su revocación o ratificación.
No obstante, varios expertos en materia legal se pronunciaron en redes sociales para contradecir el argumento del funcionario. “Lamentablemente, don Jorge Yunda, en la acción de protección no impugnó el acto de remoción sino un informe no vinculante de la comisión de mesa. El TCE confirmó la licitud de la remoción, por lo que este acto es perfecto y no puede continuar en el cargo”, aseguró el experto en derecho constitucional, Rafael Oyarte.
El también constitucionalista Salim Zidán mencionó que la vía legal elegida por el alcalde removido fue equivocada. “Lo habíamos advertido. El abogado del alcalde removido equivocó estrategia, impugnó el informe de Comisión de Mesa, en lugar de resolución de remoción del Concejo. Esta resolución tiene vida jurídica, así lo decidió el TCE”, apuntó.
El consulto político, André Benavides piensa que el nuevo informe que pide la jueza Domínguez no es vinculante y que no incide e la votación, y por tanto, tampoco en la decisión de remover a Yunda de su cargo.