No rindió su versión en el caso “Nene”, diligencia para la cual estuvo citada para esta mañana, por vía telemática. El dedo acusador de Fiscalía apunta hacia la Vicepresidenta de la República, por “elementos que permiten inferir de manera lógica la elevada probabilidad de la participación de María Verónica Abad Rodas”, en los hechos investigados. Su brazo derecho, Daniel Redrován Palomeque, no tenía funciones oficiales en la Vicepresidencia, pero era quien tomaba las decisiones cruciales en esa entidad. En diciembre, Redrován viajó hacia Tel Aviv (Israel), pero no lo habría hecho desde Ecuador, sino desde Perú, porque tenía prohibición de dejar el país por una causa judicial, según conoció esta alianza.
Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, habrían tenido conocimiento de los cobros indebidos a cambio de cargos públicos, según la investigación fiscal que sustenta el caso Nene. El proceso penal buscará esclarecer si estos hechos fueron conocidos por la segunda mandataria. Ella ha insistido en que no estaba al tanto, y afirmó que es víctima de persecución política, en una coyuntura en la cual el Presidente en funciones se niega a encargarle el poder, mientras actúa en campaña hacia las elecciones generales de 2025.
Mientras la Asamblea se apresta a conocer el caso, nuevos elementos surgen en la investigación fiscal.
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Según el expediente, la negociación del pago irregular a cambio del puesto público se realizó en el hotel Marriot, de Quito, el 8 de diciembre de 2023, alrededor de las 20h30. Una pericia confirmó que tres personas estuvieron en el sitio: el denunciante Rommel Esteban Pérez, y por la parte contratante, Daniel Redrován y Sebastián Barreiro, ninguno de los dos tenía relación laboral con la Vicepresidencia de la República.
El contrato de arrendamiento de dos suites en el Marriot se encuentra a nombre del exasambleísta Gruber Zambrano Azua, quien fue legislador en el período que empezó en 2021. Zambrano llegó por el Partido SocialCristiano y a inicios de junio de ese año se desvinculó de esa tienda política. Posteriormente fue independente. También fue gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas en el gobierno de Guillermo Lasso.
El fiscal Leonardo Alarcón le convocó a explicar las razones por las cuales el arrendamiento de la suite consta a su nombre, al igual que la factura. A través de su abogado, Zambrano explicó que como asambleísta arrendó suites en el hotel Marriot por tratarse de un lugar seguro, ya que durante su estadía en Quito residió en ese lugar. Refirió que, al verla en el aeropuerto, sugirió a la Vicepresidenta electa alojarse en ese lugar. E insistió en que por un error o por una falsificación, el alquiler de la suite seguiría constando a su nombre.
El valor mensual del alquiler de dos suites se acerca a los tres mil dólares y está impago, según la administración del hotel. El administrador comentó que con regularidad había visto a la Vicepresidenta, en esas instalaciones. Según coincidieron varios exfuncionarios de esa entidad, ese hotel era el centro de operaciones, y en ocasiones estaba presente en las reuniones la Vicepresidenta.
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1. La versión de Rommel Esteban Pérez, el denunciante. Según su declaración, la propia Vicepresidenta electa lo llamó 48 horas después del triunfo en urnas, para pedirle que se vinculara a su grupo cercano de colaboradores en esa institución. Él había trabajado con el equipo de campaña de Abad para la Alcaldía de Cuenca, en labores relacionadas a comunicación social. Las elecciones seccionales se realizaron en febrero de 2023. A Pérez se le había ofrecido un pago de 1.500 dólares por su trabajo. De ese monto recibió menos de la mitad; se unió al grupo de excolaboradores impagos, quienes a través de un proceso judicial obtuvieron la cancelación de sus haberes. El denunciante reveló que le llamó la atención que la misma Vicepresidenta electa lo convocara a colaborar, tomando en cuenta el antecedente de la acción judicial interpuesta para que cancelaran los honorarios a todo el grupo de la campaña seccional de 2023. Ella le habría insistido en que requería funcionarios de mucha confianza.
2. Desde Barcelona, donde reside desde febrero de 2024, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Marco Polo Molina, afirmó en su versión que quien dispuso el ingreso de Rommel Esteban Pérez a esa entidad fue “la señora vicepresidenta Verónica Abad”. Esto, a pesar de que el contratado no tenía el perfil profesional idóneo para el cargo de coordinador general de comunicación, pues tiene apenas título de bachiller.
3. De conversaciones telefónicas extraídas del celular del denunciante, se extraen diálogos con la propia Vicepresidenta electa. El 24 de octubre de 2023, un mes antes de la posesión, ella le habría mensajeado: “Estebitan , estamos en reunión, Daniel ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo”. Menciona la necesidad de establecer condiciones claras para no tener problemas. El contexto de la investigación afirma que “Daniel” era su brazo derecho en la Vicepresidencia, Daniel Redrován Palomeque, a quien exfuncionarios identifican como su asesor político.
4. Una exfuncionaria de Vicepresidencia mencionó que el hijo de la segunda mandataria preguntaba detalles internos del funcionamiento de la entidad y averiguaba datos sobre el fondo rotativo para reposición de viajes. En su versión ante Fiscalía, ella reconoció que le observó sobre lo inadecuado de esas preguntas, pero asumió que él averiguaba esos datos para agilitar trámites, en nombre de su madre.
5. De acuerdo con versiones de otros exfuncionarios, tanto el hijo de la VP como su esposa dictaminaban los lineamientos de la política de comunicación en esa entidad, sin tener cargo ni nombramiento.
6. La influencia del círculo íntimo de la VP, su hijo Sebastián, su nuera y su “asesor político”, en el manejo de la Vicepresidencia es parte de la investigación. De hecho, en una reunión con la Embajada de China participó su hijo y su asesor Daniel Redrován. Los diplomáticos de ese país, inclusive, les regalaron un presente, según la versión del exsecretario.