El 7 de diciembre de 2007, Guadalupe Llori fue sacada de su casa por uniformados, quienes golpearon a su padre, adulto mayor, y a una sobrina. La orden de detención la acusaba de delitos de sabotaje y terrorismo.
Solo el día siguiente se supo que se encontraba en la cárcel de El Inca, al norte de Quito, a más de 500 Km. de distancia.
Llori presidió la Alcaldía de Orellana desde el año 2000, con el auspicio de Pachakutik. En 2004 ganó la prefectura de esa provincia, auspiciada por PK.
Como autoridad local se pronunció en contra de la contaminación causada por las petroleras en la Amazonía; campaña que lideró a partir de 2006.
De noviembre de 2006 a diciembre de 2007 las protestas eran permanentes y en cierto momento paralizaron la producción del petróleo y obligaron al cierre de operaciones del aeropuerto local. El gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa, respondió con mano dura.
En ese contexto, Llori fue encarcelada en diciembre de 2007, acusada de terrorismo y sabotaje por las protestas de Dayuma. La Corte Superior de Sucumbíos revocó la prisión preventiva en su contra a fines de diciembre de 2007, porque nunca se confirmó que Llori hubiera participado en las jornadas de violencia.
Sin embargo, una curiosa maniobra impidió su liberación. De denunciada por presunto peculado, de modo que ella se mantuvo privada de la libertad.
En su celda en la cárcel de El Inca el ventanal estaba roto, lo que causó un quebranto en su salud porque ella no estaba acostumbrada al frío capitalino. Correa se refirió a ella como la “Mama Lucha Criolla”.
En marzo de 2008 fue destituida de la prefectura de su provincia. Ese mismo mes, la Asamblea Constituyente de Montecristi resolvió la amnistía a favor de los procesados por los hechos de Dayuma. Pero Llori no pudo acogerse por la investigación que pesaba en su contra por posible peculado.
Recuperó su libertad en septiembre de 2008, mediante un recurso de Hábeas Corpus que le otorgó quien entonces estaba encargada de la Alcaldía de Quito, Margarita Carranco. Los testigos de su liberación recuerdan que al salir de la cárcel, se arrodilló en el asfalto.
Lourdes Tibán, entonces directora ejecutiva de Codenpe, fue uno de sus pilares de apoyo, durante su detención. En 2009 recuperó en urnas el cargo de prefecta y fue reelegida en 2014.
En 2019 intentó captar la Alcaldía de Coca.
Por la persecución sufrida, la CIDH admitió la causa que por posible violación a sus derechos fundamentales, presentó Llori, en 2017. En 2021 obtuvo una curul legislativa. Y en la histórica sesión inaugural de la Asamblea, con 71 votos captó la Presidencia.