Luego de aplazamientos y la reiterada modificación del proyecto de la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación, el pleno de la Asamblea Nacional se dispone a votar con base al texto presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En la continuación de la sesión 758, que fue convocada este jueves 17 de febrero de 2022, la ponente del informe, Johanna Moreira, indicó que este texto final "nos acerca a las voluntades" del Pleno de la Asamblea Nacional.
No obstante, Moreira señaló que el debate los ha puesto en 3 fragmentos: quienes están en contra de la penalización, quienes están a favor de que no se permita que las mujeres puedan decidir y quienes se encuentran en el medio.
Según la ponente, esta Ley no obliga a ninguna víctima de violencia sexual a realizarse una interrupción de embarazo: "la única posibilidad que da este proyecto de Ley es a tomar una decisión". E hizo un llamado a los legisladores para que voten con empatía hacia las víctimas de violencia sexual.
PLAZOS
El informe que fue previamente aprobado por la Comisión de Justicia planteó que la interrupción del embarazo por violación podría darse en los siguientes plazos:
-Hasta las 16 semanas de gestación (cuatro meses);
-Con excepción de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, cuyo plazo se amplía hasta las 18 semanas (cuatro meses y medio).
-En el caso de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada “Atención del Embarazo Terapéutico”, expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Tras la moción presentada por Moreira ante el Pleno, se procedió con votación del informe.
El proyecto, que necesita de 70 votos como mínimo para ser aprobado, solo contó con el respaldo de 66 legisladores, 40 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
Luego de aquello, Moreira solicitó que se suspenda la sesión para dar paso a cambios al texto de la propuesta normativa. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, acogió su pedido y dispuso una suspensión de una hora.
El pasado 3 de febrero, el Pleno del Legislativo concluyó el segundo debate de este proyecto que viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En esa sesión, el Pleno recibió en comisión general a 20 representantes de diversos organismos nacionales e internacionales, colectivos sociales, académicos, expertos y especialistas en medicina, quienes expusieron diversos puntos de vista en torno al proyecto.
Luego de escuchar las diversas posiciones y propuestas de los legisladores se suspendió el tratamiento del tema, para que la Comisión de Justicia revisara cada una de las observaciones y preparara un texto final.
Moreira ha señalado que el proyecto está orientado a defender los derechos de las víctimas de violencia sexual, como son las niñas, adolescentes y mujeres, así como pueblos y nacionalidades que son grupos vulnerables. “Hemos actuado con la responsabilidad que amerita un tema tan sensible como este”, enfatizó.
En caso de aprobarse el informe, este será enviado el Ejecutivo, y el Presidente de la República, Guillermo Lasso, podrá realizar observaciones o declarar un veto parcial o total.