El procurador general del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador, dijo hoy que la petición de juicio político presentada contra él por el movimiento correísta UNES responde a intereses "políticos" en el caso Sobornos 2012-2016 y es supuestamente una "deuda de honor" de parte de seguidores de esa formación.
En una rueda de prensa en la Procuraduría, el funcionario explicó que la solicitud, presentada este lunes por la alianza Unión por la Esperanza (UNES) para un juicio político en la Asamblea Nacional por supuesto "incumplimiento de funciones", surge de la inconformidad de los legisladores correístas por acciones emprendidas por su institución en el caso Sobornos.
"No se trata de incumplimiento de funciones, se trata de que a un grupo de asambleístas no les gusta lo que hago", denunció Salvador en su intervención.
La petición fue anunciada el lunes por el grupo parlamentario de UNES, bajo el alegato de que el procurador incumplió sus funciones a la hora de defender al Estado en dos procesos de arbitraje internacional con las petroleras Perenco y Chevron-Texaco, en los que se ve obligado a compensar a ambas.
Salvador insistió en que los procesos estaban en marcha antes de que él asumiera funciones en julio de 2018, y que, en el caso de la francesa Perenco, sus gestiones lograron una reducción de algo más de 36,6 millones de dólares en la compensación pendiente de pago.
Y aseguró que la derrota de Ecuador "no tiene que ver con una mala defensa sino exclusivamente con el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Rafael Correa", que gobernó entre 2007-2017 y pagó "sin chistar", indicó, laudos por un total de 363 millones de dólares.
Por lo tanto, consideró que la petición de juicio político se trate de "una deuda de honor" de los actuales asambleístas con los exdirigentes que fueron condenados en el caso Sobornos, porque "los mafiosos también tienen honor".
En ese caso, sentenciado en 2020, fueron condenados en distinto grado por un delito de cohecho una veintena de personas, entre ellos el expresidente Correa, prófugo en Bélgica, y el exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017 por otro caso de corrupción.
Salvador aseguró que no le ha llegado aún notificación del juicio político desde la Asamblea, a cargo de ese mecanismo y que de avanzar hasta el final podría conducir a su destitución.
El Procurador insistió en no conocer las acusaciones que pesan en su contra, pero aseguró que "son malinterpretaciones antojadizas sesgadas y tendenciosas de hechos que no son como están narrados por estos asambleístas".
Y que cuando sea notificado, se defenderá en las instancias parlamentarias hasta dejar sin sustento las acusaciones.
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