Polémica en Olón: Asambleísta Valentina Centeno dice que proyecto inmobiliario de la familia Noboa es un tema "privado"
Valentina Centeno ha declarado que este asunto es de índole "privado" y ha instado a la Asamblea Nacional a no politizarlo.
En torno al controvertido proyecto inmobiliario de la familia del presidente Daniel Noboa, destinado a construirse en Olón, provincia de Santa Elena, donde los habitantes denuncian afectaciones a una supuesta área protegida de manglar, la asambleísta oficialista Valentina Centeno ha declarado que este asunto es de índole "privado" y ha instado a la Asamblea Nacional a no politizarlo.
Centeno afirmó que el proyecto, conocido como ‘Proyecto Urbanístico ECHO’, a cargo de la empresa Vinazin, cuya principal accionista es Lavinia Valbonesi, cumplía con todos los requisitos legales y ambientales, asegurando que no afectaba áreas protegidas ni manglares, y que su "impacto ambiental era mínimo".
Además, Centeno criticó lo que describió como un "ataque sistematizado" contra la imagen del presidente Noboa, sugiriendo que la controversia en torno al proyecto formaba parte de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2025.
"Están intentando posicionar un tema de interés nacional cuando es un tema privado. Nuestra postura como bancada oficialista es que el pleno de la Asamblea debería de ocuparse de las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano y no de un tema de índole estrictamente privada”, manifestó.
La legisladora, además, sugirió que la discusión sobre el proyecto inmobiliario podría estar siendo instrumentalizada por movimientos políticos opuestos, la bancada de Construye y la Revolución Ciudadana, quienes, según ella, se habrían unido para oponerse al Gobierno en medio de una campaña electoral evidente.
Los trabajos afectarían al Estero Oloncito declarado área protegida por el Ministerio de Ambiente en 2001, según pobladores que protestan contra el proyecto. En la zona hay manglares, así como árboles de algarrobo que protegen a la población de inundaciones y que han empezado a ser talados, de acuerdo con las denuncias.
Lea también: Ministra de Ambiente, Sade Fritschi, hace aclaración sobre proyecto inmobiliario que se pretende construir en Olón
Pleno convoca a Ministra de Ambiente
El legislador Paúl Buestán (Revolución Ciudadana) lideró una moción que fue aprobada en la Asamblea Nacional, para que Sade Fritschi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, comparezca ante el Pleno del Legislativo para que explique sobre las licencias ambientales otorgadas al proyecto inmobiliario en Olón.
En su intervención, Buestán enfatizó: "no podemos permitir que la ley se pisotee y se intente desconocer la normativa para la construcción de un cuerpo habitacional en las zonas protegidas de Olón y el otorgamiento de licencias ambientales, documento emitido por la Ministra del Ambiente".
Los habitantes de la comuna de Olón, en la parroquia de Manglaralto, Santa Elena, han alzado su voz en protesta por la tala y destrucción del manglar en el Esterillo Oloncito, destinado para la construcción de un proyecto inmobiliario, recordó.
Arisdely Parrales, legisladora por Santa Elena, destacó los esfuerzos de la Fundación Oloncito por proteger el manglar y ha convocado a través de la Comisión de Gobiernos Autónomos la comparecencia de ministros para obtener respuestas sobre esta crítica situación. Jamilton Intriago enfatizó la importancia de un análisis técnico y no político de la situación, para abordar la no delimitación de áreas protegidas y sus implicaciones ambientales y legales.
Por su parte, Viviana Veloz llamó a la ética pública y la responsabilidad gubernamental en el manejo de recursos naturales, instando a los ministros y al gobierno a abordar estos problemas con transparencia y sin tintes políticos.
Mientras que, el oficialista Adrián Castro resaltó la necesidad de que las autoridades brinden información detallada sobre los permisos ambientales otorgados en esta zona y recomienda derivar este caso a la Comisión de Biodiversidad para un análisis riguroso.
Jorge Peñafiel expresó la preocupación por posibles delitos en la emisión de permisos ambientales en áreas protegidas, instando a investigar cualquier indicio de tráfico de influencias y mal uso del poder público en beneficio de intereses privados.
“Asistiré gustosa y aclararé que toda la información oficial es y siempre ha sido pública en los portales del ministerio de Ambiente”, contestó Fritschi en sus redes sociales.
.png)
