Objeción a Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza se decide en la Asamblea
El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona este jueves 4 de agosto con el propósito de resolver la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto.
El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona este jueves 4 de agosto con el propósito de resolver la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, con carácter excepcional, por parte del Estado, conferido a los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria, con el propósito de proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad de los habitantes.
En el marco de la normativa que pretende entregar a la Policía las herramientas para combatir la inseguridad, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo una objeción parcial al proyecto, que había sido aprobado en segundo debate con 104 votos.
El Ejecutivo realizó 21 objeciones de fondo y forma al texto aprobado por la Legislativo, ya que con esto, según la Presidencia, se busca "perfeccionar la normativa para que se regule el uso, sin que a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitencia se les menoscaben sus derechos constitucionales".
Una de las objeciones, por ejemplo, es sobre la presunción de inocencia y debido proceso. El Ejecutivo añadió en el artículo 54 del documento original que: “los servidores regulados por esta ley no cometen infracción penal alguna en cumplimiento de su deber legal. Podrá iniciarse una investigación cuando existan elementos que hagan presumir la existencia del uso indebido de la fuerza”.
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Otro cambio fue en el literal f del artículo 31. La Asamblea aprobó que la actuación de las FF.AA. sea fiscalizada por el Parlamento y por la ciudadanía; sin embargo, el Ejecutivo dejó esa potestad únicamente al Legislativo.
En el artículo 68, sobre la responsabilidad estatal y el derecho a la verdad, el presidente suprimió: “el Estado está obligado a sancionar a las servidoras o servidores por uso indebido de la fuerza, bajo criterio de proporcionalidad, de conformidad con la Constitución y la Ley”.
Respecto a la objeción, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comentó el lunes pasado que el jefe de Estado presentó 21 observaciones, entre ellas, la rendición de cuentas que ya consta en otra norma y la utilización de canes.
“Sin la presencia de canes para detectar de droga en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos se crearía una limitación para el Estado ecuatoriano, habría más debilidad y fragmentación, eso limita las libertades e intereses de los ciudadanos”, sostuvo.
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Previo a la votación, los legisladores conocerán el informe no vinculante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
La mesa considera que es necesario precautelar la "constitucionalidad, eficacia y pertinencia" de esta normativa en cumplimiento de los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos". Así mismo, propone se acoja la observación del Ejecutivo al artículo 14 sobre el nivel del uso legítimo de la fuerza con la situación o amenaza.
También se establece que la Fiscalía cumpla con la creación de una unidad especializada para investigar los delitos en los que se produzcan lesiones o muertes a causa de un policía, miembro de las Fuerzas Armadas o de la Seguridad Penitenciaria.
La finalidad del proyecto es establecer un marco jurídico diferenciado que permita orientar el actuar de los servidores y regular los contextos o circunstancias específicas para hacer uso legítimo y exponencial de la fuerza potencial e intencionalmente letal.
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