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Nacional

Ministro del Interior, Patricio Carrillo, contabiliza tres fallecidos bajo contexto del paro nacional de junio

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, defendió nuevamente el rol que desempeñó la Policía Nacional durante las movilizaciones.

lunes, 1 agosto 2022 - 14:02
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El ministro del Interior, Patricio Carrillo, defendió nuevamente el rol que desempeñó la Policía Nacional durante las movilizaciones que se desarrollaron en el país durante 18 días.

Durante una entrevista radial, realizada este lunes 1 de agosto de 2022, el funcionario mencionó que la actuación de los uniformados fue absolutamente prudente. “La Policía Nacional es formada en derechos humanos, tutela y protección de libertades para los ciudadanos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que en las últimas protestas la Policía Nacional estuvo más preparada que en octubre de 2019, y en junio de 2022 ejecutó una estrategia con la que se aplicó de manera oportuna el uso legítimo de la fuerza.

Incluso destacó que el Gobierno en la primera semana no activó a los militares ni tampoco decretó estado de excepción, esto vino una vez que subió el nivel de agresión por parte de los manifestantes.

Carrillo hizo una comparación sobre los fallecidos y daños colaterales registrados bajo el contexto de protesta, al indicar que en la suscitada en octubre de de 2019 (contra el Gobierno de Lenín Moreno) "aparecieron a partir del día dos", mientras que en las últimas movilizaciones "el primer fallecido aparece en el día diez".

Agregó también que "los organismos interesados, que están afines a quienes participaron de manera violenta en la protesta, hablan de siete fallecidos en el contexto de las manifestaciones", pero que las autoridades contabilizan tres.

"Tres son los que se han abierto en Fiscalía, también los procesos de investigación", apuntó el ministro.

JUICIO POLÍTICO

En relación al juicio político que se impulsa en la Asamblea Nacional, el secretario de Estado refirió que el mensaje es a la institucionalidad de la Policía Nacional, pues “lo que se busca es paralizar a las instituciones y esto lleva a que se deterioren, en términos de democracia, las libertades y los derechos de los ciudadanos”.

Señaló que la Policía en los últimos años ha tenido que hacer frente a varios conflictos, como el terremoto; el “atraco” a los fondos públicos del Isspol; sin embargo, en este tema indicó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, lidera un proceso para recuperar el dinero; y dos graves manifestaciones de octubre de 2019 y 2022.

“Todos estos mecanismos minan la moral y paralizan la institucionalidad y esto sirve para intereses que están alrededor del crimen organizado y de estos mercados ilegales que muchas veces terminan financiando las movilizaciones”, dijo.

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El pasado 21 de julio, legisladores opositores al Gobierno presentaron formalmente en la Asamblea Nacional un pedido para someter a un juicio político al ministro del Interior, por presunto incumplimiento de funciones en garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos durante las movilizaciones.

La solicitud reunió 57 firmas de los asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa, y del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante de las marchas.

Proyecto de Uso Legítimo de la Fuerza

Respecto a la objeción parcial sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, el ministro Carrillo indicó que el jefe de Estado presentó 21 observaciones, entre ellas, la rendición de cuentas que ya consta en otra norma y la utilización de canes.

“Sin la presencia de canes para detectar de droga en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos se crearía una limitación para el Estado ecuatoriano, habría más debilidad y fragmentación, eso limita las libertades e intereses de los ciudadanos”, comentó.

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Investigación prefecto Cotopaxi

Finalmente, sobre la investigación al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, afirmó que este es un hecho puntual de corrupción. Dijo que la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía y tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional.

“El prefecto está procesado y con medidas cautelares, esta investigación lleva años como para que existan sanciones ejemplificadoras”, agregó.

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