El presidente de la República, Guillermo Lasso, dio detalles sobre el millonario financiamiento de los 18 días de protestas a nivel nacional, convocadas por el sector indígena, que aprovechó un sector político para intentar su derrocamiento del poder, al responsabilizar al ex mandatario Rafael Correa.
Un total de 15 millones de dólares fue el dinero invertido en el paro, que según reveló el primer mandatario, provino del narcotráfico.
"En el primer año de mi gobierno se incautaron 300 toneladas de droga cuando el promedio en los últimos cinco o diez años ha sido de 50 o 60 toneladas de droga y esto es lo que le ha dolido en el bolsillo a aquellos narcotraficantes que, vinculados con la política ecuatoriana, han querido desestabilizar la democracia del Ecuador", manifestó Lasso en una entrevista con el medio Infobae, al resaltar que su Gobierno mantiene su "norte fijo en la lucha contra las drogas".
Por lo que, al ser interrogado sobre las lecciones aprendidas tras las manifestaciones, el presidente hizo un análisis al que denominó: “separando la paja del trigo”.
"¿Qué es el trigo? El trigo son las causas justas de los pueblos y nacionalidades indígenas y también campesinos del Ecuador. Cuando digo pueblos y nacionalidades indígenas me refiero a la ruralidad en la Sierra Central del Ecuador y a los campesinos de la costa", explicó.
También reconoció que hay pedido justos en sus reclamos, debido a que en los últimos 40 años en el Ecuador ha predominado una visión de desarrollo urbano postergando el desarrollo rural y campesino.
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Luego, Lasso cuestionó "¿Dónde está la paja? La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar a un gobierno legalmente constituido".
Al respecto, el mandatario mencionó al correísmo y señaló que hubo una alianza, en la que participó un tercer actor, "que es el que pone el dinero para las protestas, que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Esa es la paja".
Lasso también arremetió en contra de Correa, al denunciar que "ese es el accionar político de un ex presidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público, aliado con determinados líderes políticos que utilizan a los indígenas como una suerte de parapeto para decir ‘esto es una protesta social’".
Recordó que la bancada afín a Correa, Unión por la Esperanza (Unes), en la Asamblea Nacional buscó su destitución. Sin embargo, su moción se quedó a 12 votos de lograr su objetivo, pues requería el voto favorable de dos tercios del Legislativo, equivalente a 92 de los 137 asambleístas. El resultado de la votación final fue de 80 votos a favor frente a 48 en contra y 9 abstenciones.
Además, señaló que "la acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaban la desestabilización del país".
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, comandó las protestas contra el gobierno en reclamo de rebaja de hasta 21% de los precios de los combustibles más utilizados, moratoria para el pago de créditos de campesinos con la banca y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos.
No obstante, con la mediación de la Iglesia católica, el pasado 30 de junio, el Ejecutivo y la Conaie firmaron la denominada "acta de paz" para poner fin a las manifestaciones, durante las cuales unos 10.000 nativos se desplazaron desde sus comunidades para protestar en Quito.