Juicio político contra Lasso: Corte Constitucional desmiente haber emitido un dictamen
La Corte Constitucional aún no ha sesionado para votar a favor o en contra del pedido de juicio político.
A través de un comunicado, la Corte Constitucional informó que todavía se tramita el dictamen de admisibilidad para el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Es decir, el organismo aún no toma una decisión, sin embargo, tiene plazo hasta mañana miércoles, 29 de marzo.
Esta aclaración se da luego de varios comentarios en redes sociales en los que se decía que la Corte Constitucional ya había dado luz verde para el enjuiciamiento político. Pero, la votación sobre el informe del juez Richard Ortiz, quien está encargado de preparar el documento que admita o niegue el juicio, aún no se ha presentado.
Los nueve jueces de la Corte deben votar sobre ese informe. Se necesitan seis de los votos para aprobarlo o rechazarlo.
El pedido de juicio político realizado por un sector de la oposición en la Asamblea llegó a la Corte el pasado 24 de marzo. Inicialmente, se designó a la jueza Teresa Nuques como la ponente, pero su proyecto de dictamen no fue apoyado por la mayoría del organismo. En aquel documento sugería no admitir el juicio contra Lasso.
Por ello, el pleno realizó un nuevo sorteo en el que se designó a los magistrados Richard Ortiz y Alí Lozada para que elaboren un nuevo informe que recoja los argumentos de los jueces que votaron en contra del primer documento.
Este martes, 28 de marzo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió a la Corte que se acepte el juicio y no esperar que el pueblo salga a las calles.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón , dijo en una entrevista a Teleamazonas que respetarán la decisión de los magistrados y que el pedido de los legisladores es una infamia.
La solicitud de juicio político ha sido apoyado en la Asamblea por el Partido Social Cristiano y UNES, con base a un informe presentado por una comisión legislativa que investigó el denominado caso "Encuentro", que involucró a personas cercanas al oficialismo supuestamente implicadas en un red de corrupción dentro de empresas públicas.
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