¿Jueces o abogados del diablo? El Caso Purga implica a siete magistrados de la Corte Provincial del Guayas
Siete jueces de la Corte Provincial del Guayas son acusados de presunta delincuencia organizada en el Caso Purga.
“Luego de analizar 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G., los jueces de Guayas Johann Gustavo M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., y Fausto A. (primo del exasambleísta procesado)”, dice textualmente un boletín de la Fiscalía General del Estado. A ellos se suma otro magistrado, Reinaldo C. que por su edad recibió arresto domiciliario.
Otro juez, esta vez uno de Garantías Penitenciarias, también de Guayas, será procesado por prevaricato ya que “habría concedido un habeas corpus –contraviniendo Ley expresa– a favor de Junior Roldán". Este último un prófugo, líder de un grupo delincuencial organizado y fallecido en la clandestinidad en Colombia.
“Continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación”, dijo la Fiscal General Diana Salazar. La Fiscalía ha conseguido que varios magistrados hayan pasado del estrado al banquillo. Es que ejemplos de mala aplicación de la justicia sobran en el Ecuador. Un estudio hecho entre 2019 y 2022, reveló que hubo 26 demandas penales en contra de jueces de primera y segunda instancia. La mayoría de esos casos fue por enriquecimiento ilícito pero también eran perseguidos por asociación ilícita y hasta por falsificación de documentos. “Cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella”, dijo el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en una conferencia en la Universidad Andina.
En un seguimiento a la situación de la justicia en el Ecuador, el Observatorio Derechos y Justicia identificó y levantó 123 alertas “sobre hechos irregulares y demás particularidades que inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando estas se relacionan con la Función Judicial”.
Ya nadie puede negar lo evidente: “Aquí los juicios sin aceite no ruedan”, comentó un usuario del sistema en las afueras del complejo judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil, el Miércoles de Ceniza. La corrupción es parte del sistema de justicia ecuatoriano. ¿Dónde está el problema? Vistazo abre el debate.
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CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL
Según el último Barómetro de la Corrupción que presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el 58 por ciento de los funcionarios judiciales “son corruptos”. Es un porcentaje mucho más alto que el promedio de la región.
Eso lo ratifica la publicación denominada “Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores”, escrita por el académico Santiago Basabe-Serrano. Da cuenta de que el estado de la corrupción judicial se ha ido empeorando a través del último cuarto de siglo. El estudio se realizó en Ecuador, Perú y Chile y concluyó que: “El Ecuador es el país que presenta resultados más preocupantes”.
El académico también analizó la formación de los jueces y descubrió que en Perú y en Chile, hay un permanente ascenso en los niveles de calidad de los magistrados. Y que “En una dirección opuesta se encuentra Ecuador, país en el que a partir de 2008 los niveles de calidad de sus jueces ha sufrido un grave menoscabo”.
Con Basabe coincide Agustín Grijalva, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en un paper publicado en agosto de 2011: “El debilitamiento de la independencia judicial en Ecuador, que a mi modo de ver se profundizara a raíz de los resultados de la consulta popular de 2011... puede tener un efecto inmediato y significativamente negativo sobre los niveles de protección de los derechos constitucionales, y sobre la calidad de la democracia”.
Más ejemplos: Daniel Kuri fue director administrativo del Consejo de la Judicatura en Guayas. En el programa “Del día a la noche” de radio Centro contó en abril de 2022 cómo un asesor del Consejo de la Judicatura le pidió “hasta con improperios” que cambie a un juez de Samborondón porque en ese juzgado se ventilaba una querella que originalmente involucró a unos cónyuges pero que terminó enfrentando a dos familias de clase alta.
Kuri dijo que renunció frustrado porque presenciaba casos de corrupción, los denunciaba a sus superiores, pero nadie movía un dedo: “Yo les digo a ellos, miren me están llegando denuncias de que los jueces de garantías están cobrando entre 300 y 500 dólares para hacer las audiencias y entre 2.000 y 5.000 dólares para hacer las boletas... Yo hice todo lo posible para luchar contra eso”.
Pero al parecer. no todos los “acuerdos extrajudiciales” se pagan con dinero contante y sonante. La mecánica evoluciona. Así lo comenta el exmagistrado constitucional, Jorge Alvear: “Antes compraban propiedades y las ponían a nombre de otras personas, de familiares. Ahora la costumbre es hacer como los narcos, tener el dinero en barras de oro como las que tenía Norero”. Y el “Caso Purga” ha revelado una nueva modalidad: regeneraciones por sentencias. Nada menos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría negociado la remodelación de una sala de la Corte Provincial del Guayas a cambio de un dictamen a su favor.
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¿ACADEMICAMENTE MALOS?
“Hay una cantidad de jueces ignorantes, que son los que hacen más daño que el juez corrupto y preparado”, dice Alvear. Añade que “la mayoría de estos jueces es salido de la universidad, sin ninguna experiencia. Consiguen títulos de maestrías muy fácilmente simplemente comprando o pagando por las tesis, esto es vox populi”.
Al respecto, el doctor Miguel Bayona, experto en derecho constitucional, dijo: “Fui profesor universitario y una de las anécdotas que tengo es que les decía a mis alumnos, ustedes para quedarse de año tienen que hacer una solicitud al decano y les aseguro que les van a responder que el consejo directivo no aceptó la solicitud... Tenemos cada año 500 nuevos abogados. Ese abogado con poco conocimiento y poca práctica es el que va a ponerse de acuerdo con el juez para desplumar al cliente”.
“Tenemos que hacer un mea culpa desde la academia, es la deficiente formación de los abogados en el Ecuador”, reconoce el doctor Ramiro García, profesor de Derecho Penal y vicedecano de Jurisprudencia de la Universidad Central. Añade que “salvando excepciones, en muchos casos termina siendo la Judicatura apetecida por aquellos profesionales que no han podido tener un ejercicio profesional relevante”. Para él, esto se debe a que “la estructura de selección es poco profunda de conceptos y eso hace que se requiera poco esfuerzo para ser juez”.
A eso se suma que la Constitución de 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos. Al parecer eso ha abierto un nuevo mercado. Bayona cuenta su experiencia: “Ahí no importa si tienes o no tienes la razón o si te violaron tu garantía constitucional, sino que te dicen el valor y pagas”. Le preguntamos ¿Cuánto puede llegar a costar eso? “La base es 5.000 dólares. Una vez estaba tramitando una acción de protección, no voy a decir el juzgado. Media hora antes de la audiencia el secretario de la jueza nos dijo a mi cliente y a mí: la jueza me dice que la acción vale tanto y no se preocupe que si no tiene la plata ahorita la jueza va a suspender la audiencia. Efectivamente me la suspendió”. Así funciona la Justicia en el Ecuador.
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