Judicatura extiende hasta 2030, en sus cargos, a jueces que tramitan casos del correísmo
Realizan cambios a todo nivel para reconfigurar el control de la Corte Nacional de Justicia.
JUSTICIA ACORRALADA. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el apoyo de los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, realiza cambios a todo nivel para reconfigurar el control de la Corte Nacional de Justicia. El último fue anoche, cuando Terán y Muñoz extendieron a nueve años los períodos de permanencia en el cargo de siete jueces nombrados para períodos fijos, de tres y seis años. Entre los beneficiados están Luis Rivera, Byron Guillén y Felipe Córdova, que tramitan el recurso de revisión del caso Sobornos en el que está sentenciado el expresidente Rafael Correa. Rivera ha fallado en dos ocasiones con pronunciamientos que favorecieron a procesados del correísmo, en los casos Singue y Dhruv. Hoy celebró la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas, por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de Manabí, que no se instaló por ausencia del defensor. También tiene a su cargo la causa contra los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.
El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, dio un giro inesperado al concurso para nombrar siete jueces y 14 conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
Anoche, intempestivamente, la Judicatura extendió a nueve años los períodos de siete jueces que estaban por concluir sus funciones en 2024. Ellos fueron nombrados para permanecer en el cargo por tres y seis años, respectivamente. La resolución contó con el apoyo del vocal Xavier Muñoz y no fue respaldada por Fausto Murillo. No acudieron a la sesión telemática Juan Morillo y Maribel Barreno. Su ausencia facilitó la decisión.
Entre los favorecidos que se quedarían en la Corte hasta 2030 hay jueces señalados por su supuesta cercanía con el correísmo. Especialmente Luis Rivera, quien ha sido criticado por sus fallos en los casos Singue y Dhruv, en los que estaban procesados altos exfuncionarios. En ambos procesos los implicados fueron exculpados o se beneficiaron de la nulidad. Rivera también está a cargo del proceso que impulsa la Fiscalía en contra de los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.
Ese juez dirigió hoy la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal Diana Salazar en contra del exvicepresidente, Jorge Glas, por el manejo de los fondos para la reconstrucción del terremoto de Manabí, en 2016. Esta diligencia acaba de ser suspendida porque el abogado de Glas no acudió por enfermedad.
La estrategia de reorganización empezó a cuajar el jueves anterior, con las designaciones de nuevos directores y otros funcionarios del CJ. Pero se hizo más evidente anoche, cuando extendieron a nueve años la permanencia en funciones de los jueces Fabián Racines, Luis Rivera, Byron Guillén, Iván Larco, Patricio Secaira, Gustavo Durango y Walter Macías (destituido que presentó una acción de protección).
Fuentes de la Judicatura y la Corte dijeron que Terán y Muñoz habrán incurrido en un franco conflicto de interés, pues están investigados por obstrucción a la justicia, junto con la vocal Maribel Barreno. Con esta decisión beneficiarían directamente a Rivera, quien los juzga. Él debía dejar el cargo en enero del 2024, pero tras la resolución de la judicatura permanecería en el tribunal hasta el 2030.
La decisión de la Judicatura también contradice un pronunciamiento anterior en el cual este mismo organismo dijo que no cabía una acción de protección, presentada en 2022 por el juez Walter Macías, quien pedía que todos los jueces permanezcan por nueve años en sus cargos. El argumento de la Judicatura precisamente era que los judiciales fueron nombrados para períodos fijos.
Además, la resolución administrativa que acaba de tomar el Consejo estaría violentando la disposición constitucional que establece que los jueces deben permanecer en los cargos por etapas fijas, inamovibles, de tres, seis y nueve años. Con evaluaciones y renovaciones, cada tres años.
Una alta fuente de la Judicatura dijo que es evidente que la decisión de extender el período a Rivera «es una moneda de cambio para que hoy no ordene la prisión de Glas, que iba a ser solicitada hoy por la Fiscalía». Además destacó que la resolución debía debatirse y aprobarse de ser el caso antes de que arrancara el concurso para nombrar 7 jueces y 14 conjueces de la Corte, que la judicatura inició hace varias semanas. «Hoy ese concurso está también gravemente afectado», destacó.
JUECES QUE DEBÍAN CONCLUIR SUS FUNCIONES EN 2024
El tridente acelera cambios de directores
Los cambios desde la Judicatura se celebraron desde el jueves pasado. Uno de los más importantes fue el del director de la Escuela Judicial. En ese puesto fue nombrado el exfiscal Fabián Salazar, durante una sesión en la que los vocales Terán, Muñoz y Barreno sacramentaron su nominación. En la reunión también estuvieron Fausto Murillo y Juan José Morillo, quienes votaron en contra de las designaciones.
-«Hay alguna moción», preguntó Terán al referirse a quién podría ser el nuevo director de la Escuela. Repentinamente, antes de que se mocionara el candidato, Muñoz intervino atropellado. Solo se escuchaba su voz, su cámara, como de costumbre, estuvo apagada durante la reunión telemática.
-«Le apoyo a la vocal Barreno, señor presidente, por favor, me pueden enfocar».
Ante la intervención sorpresiva de su colega, Barreno sonrió y dijo abochornada, en voz baja:
-«Sí... voy a mocionar. Señor presidente escuché con detenimiento la entrevista de los postulantes, además se nos ha cursado los respectivos hojas de vida y de mi análisis podría sugerir que la mayor experiencia y títulos académicos que ha obtenido es el doctor Fabián Salazar, por lo tanto permitiría elevar a moción su designación».
Este martes 5 de septiembre, Salazar acudió por primera vez a su despacho en la Judicatura, donde recibió a un periodista de esta alianza. Aseguró que aceptó el cargo sin ningún condicionamiento y que no se debe ni responde a ninguna persona ni político del correísmo, como en su momento denunció el entonces presidente Lenin Moreno, quien lo acusó de tener vínculos con el expresidente Rafael Correa.
Salazar empezó su carrera en el Ministerio Público a inicios de la década pasada, en el período del fiscal Washington Pesántez. Los siguientes años investigó algunos casos importantes. Entre otros, la muerte del policía Froilán Jiménez, ocurrida en septiembre de 2010, en el contexto de la insubordinación policial que derivó en una severa crisis política, conocida como el 30-S.
En este último caso, en 2018 Salazar pidió la vinculación de Correa y el ministro Javier Ponce, como supuestos autores mediatos, por una supuesta ejecución extrajudicial. Él recuerda que por este motivo Correa y sus militantes también lo atacaron. Ese mismo año investigó el caso Sai Bank, en el cual acusó a tres empleados del South American International Bank de Curazao, y emitió un dictamen abstentivo a favor del empresario Juan Pablo Eljuri.
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«Las fotos no implican ningún compromiso»
El hoy director de la Escuela Judicial aparece en fotografías junto con el expresidente Correa, el excanciller, Ricardo Patiño, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Aclara que esas fotos fueron en lugares públicos, durante sus actuaciones como fiscal y que no implican ninguna afinidad ni compromiso político. “Mientras fui fiscal estuve cerca a muchos funcionarios investigados”.
Sobre el papel que la Escuela Judicial jugará en los concursos para la designación de los jueces de la Corte, aseguró que no estará al frente de ese proceso sino la Dirección de Talento Humano.
“La Escuela hará observaciones para aplicar matrices de conocimiento, su papel es de soporte”, subrayó Salazar. “Somos un organismo de apoyo, para observar sobre la metodología de las pruebas a los concursantes. Los parámetros que recomendemos serán estrictamente técnicos y académicos”.
No obstante, el instructivo del Concurso (resolución 295-2022) establece más deberes y competencias a la Escuela.
-Asistir, en coordinación con Talento Humano, a los comités para la elaboración de los bancos de preguntas y casos prácticos que se utilizaran en la fase de oposición del concurso público.
-Apoyar a Talento Humano para que elabore los términos de referencia o informes de necesidad que se requieran para las diferentes contrataciones que se deriven del concurso público.
-Brindar soporte académico en la elaboración de la metodologia de la fase de oposición, así como en su aplicación, en el concurso.
Esto implicaría que el personal de la Escuela sería el que haga los primeros acercamientos con los profesionales de alto nivel, y queda a su arbitrio los nombres que recomendará, observó un funcionario de la Judicatura, que pidió la reserva. «En ese momento coordinarán con Talento Humano la aplicación de la prueba teórica. Así tendrán de primera mano la posibilidad de vigilar las preguntas y casos que se elaboren».
En ese mismo marco -agregó- brindará apoyo académico para la aplicación de dichas pruebas. La fase de oposición tiene un valor de 50 puntos. Este puntaje será decisivo al momento del concurso.
El concurso empezó hace varias semanas. Camina en medio de la crisis que enfrenta la Judicatura por la atropellada y arbitraria destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Y previamente por el intento de suspender a la fiscal Diana Salazar. Ella impulsa dos procesos penales que involucran a Terán, Barreno y Muñoz, por posibles causas de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, respectivamente.
Dos fervientes activistas, en puestos claves
En la sesión del jueves pasado también fueron designados el exfiscal Édgar Joselito Argüello Saltos, como director provincial de Control Disciplinario en Guayas, y Mayra Morales, en el cargo de Secretaria General del CJ.
Argüello ha trabajado de cerca en Guayaquil con el polémico abogado Pedro Granja, uno de los defensores de la agenda política del correísmo. Ambos son duros críticos de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Han hecho campañas para brindar “asesoría gratuita” para golpear a los enemigos que Correa construyó en su mandato, como Fidel Egas y el Banco del Pichincha.
Impulsaron, por ejemplo, una “campaña de asesoría gratuita a la ciudadanía que desee denunciar y demandar a Banco del Pichincha”.
Granja, al igual que Correa, defiende a Wilman Terán. En sus redes anunció que con “colegas de todo el país” se están reuniendo para analizar el conflicto entre Diana Salazar e Iván Saquicela “contra Wilman Terán” y que se pronunciarían al respecto esta semana.
Fuentes de la Judicatura, que pidieron el anonimato, dijeron que Argüello es de extema confianza de Granja. Su nombramiento en el control disciplinario apuntalaría la estrategia, que busca apretar la tenaza sobre los jueces que no estén alineados con la agenda del correísmo. Buscamos su versión, contactándolo a su celular, pero no obtuvimos una respuesta.
“Un poco de H.. de P.. del gobierno solidárizandose ante esta terrible tragedia...No solo es Agustín Intriago, que en paz descanse, son miles de ecuatorianos que han sido asesinados y el gobierno bien, gracias”, escribió Arguello en un tuit, en julio pasado, al referirse a un mensaje en el que el presidente Guillermo Lasso lamentaba el asesinato del alcalde de Manta.
Mayra Morales también es conocida por su militancia en el movimiento del exmandatario y en esa línea promueve en sus redes sociales la candidatura de Luisa González a la presidencia. Desde 2015 fue funcionaria del Ministerio de Educación hasta el 2017 cuando empezó a ocupar diversos cargos en la Asamblea, hasta mayo pasado. “Orgullosa de que una mujer lidere la primera vuelta. Fata poco. Adelante Luisa González”, escribió en su cuenta en X, hace tres semanas. Contactamos a Morales a su celular, para tener su pronunciamiento sobre el riesgo de que su afinidad política podría influir en su desempeño en la Judiciatura. Respondió que iba a consultar la factibilidad de dar una declaración, sin pronunciarse hasta el cierre de este reportaje.
“No son coincidencias los movimientos de la Judicatura en estos días; por un lado, está pendiente que se acepte la renuncia del Director de Talento Humano, y la designación del director de Asesoría Jurídica; por otro, se ha nombrado a un nuevo director de la escuela de la función judicial”, dijo un funcionario del CJ que sigue de cerca los nombramientos y el concurso.
“El propósito de estos cambios es consolidar el control en el concurso de la Corte Nacional de Justicia, proceso en el que se nombrarán 7 jueces nacionales y alrededor de 14 conjueces , muchos de ellos en materia penal, es decir potenciales jueces de los vocales Barreno y Muñoz más actores políticos”.
Jueces y asesores, a la sombra del correísmo
La semana anterior, 21 jueces de Corte Nacional en pleno se pronunciaron en contra de las arbitrariedades de la Judicatura en el caso de Walter Macías. Esa tarde el pleno aprobó un comunicado que fue leído ante los medios por su titular, Iván Saquicela, pidiendo que los funcionarios que están en entredicho renuncien, por falta de probidad.
Al día siguiente, circuló en redes una carta supuestamente firmada, electrónicamente, por el juez Byron Guillén y cinco ministros más. En la misiva los judiciales aclaraban que el pronunciamiento no estaba firmado por ningún integrante del pleno lo cual le restaba validez. Además que la Corte no debía interferir ni pronunciarse sobre casos ajenos a sus funciones, en referencia a la actuación de los vocales del CJ. Entre los firmantes estuvieron Daniela Camacho, Luis Rivera y Marco Rodríguez. La carta fue adjudicada al juez Byron Guillén, quien no estuvo presente en la sesión, pues tenía una licencia por calamidad doméstica, entre el 28 y 30 de agosto. También se incluyó la firma del juez Adrián Rojas, quien tampoco acudió a la sesión por enfermedad.
En 2012, el juez Luis Rivera integró la Secretaría de Transparencia, creada por el gobierno de Correa para investigar casos de corrupción, y en 2017 fue nombrado director de la Judicatura en Los Ríos.
Un asesor sin pelos en la lengua
Pero no solo los jueces han estado en el foco público por sus fallos polémicos, sino también sus asesores. El caso más visible es el de Diego Campoverde, asesor del magistrado Byron Guillén, que es parte del tribunal de revisión del caso Sobornos. Como asesor tiene acceso a expedientes y proyectos de resolución.
En sus redes sociales, Campoverde no oculta su afinidad por el correísmo y su agenda en contra de las autoridades de turno, como la fiscal Salazar. “Es papel de Fiscalía cuestionar lo que los candidatos expresan? Siendo así, el tal Don Villa debería estar con varias investigaciones...En fin, las instituciones en el cálculo político”, escribió Campoverde en un tuit el 2 de agosto pasado, al referirse a un desmentido que la Fiscalía hizo de un pronunciamiento de la candidata presidencial Luisa González. El artículo 24 de la Ley que rige en el servicio público prohíbe a los servidores públicos: “Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.
Contactamos al juez Guillén a su celular para concretar una entrevista a la que accedió, el viernes pasado. Sin embargo por una serie de contratiempos no pudimos tener su versión. Insistimos este lunes, pero el juez no respondió nuestros mensajes.
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