Judicatura anula proceso disciplinario contra dos jueces que exculparon a 18 acusados de narcotráfico
Tres miembros de la Judicatura anularon expediente disciplinario contra jueces que exculparon a 18 acusados de narcotráfico.
El 3 de agosto pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, votaron a favor de la declaratoria de nulidad de la denuncia presentada en diciembre pasado contra los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero por la fiscal Diana Salazar. Ella pedía que ambos sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Se pronunciaron en contra los vocales Fausto Murillo y Xavier Morillo.
Según la mayoría de vocales, en este expediente disciplinario existió un vicio insubsanable en la tramitación de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, emitida el 30 de enero de 2023, por la Sala Especializada de la Corte de Manabí, que se pronunció a favor de la sanción.
Así, Terán, Barreno y Muñoz dejaron el caso en la impunidad, pues no podrá volver a ser tramitado, aunque existió un informe motivado de Marcelo Villegas, director provincial de Manabí. Es más, los vocales ordenaron que se abra un expediente en contra de Shamir Briones, director disciplinario del Consejo en Manabí, por haber dado paso al proceso.
Tras el pronunciamiento, los dos jueces volvieron a sus cargos y actualmente siguen en funciones.
El expediente contra los jueces Alarcón y Quintero, del Tribunal de Garantías Penales de Manta, empezó en diciembre con la denuncia de la fiscal Salazar, luego de que declararan inocentes a 18 procesados por narcotráfico.Alarcón acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2010 y 2022 ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.
En 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia, en el segundo período de Correa en el poder. Fue asesor en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.
En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí. Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de Manta.
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ESCÁNDALO INTERNACIONAL
El fallo provocó no solo duras críticas de las autoridades Antinarcóticos y de la Fiscalía sino preocupaciones entre las agencias de cooperación estadounidenses que participaron en el operativo, que permitió desmantelar la organización criminal.
Durante los 22 días que duró la audiencia de juicio, entre noviembre y diciembre del 2022, la Fiscalía aseguró que los 18 implicados se dedicaban al abastecimiento de combustible y medios logísticos a narcoembarcaciones que transportaban cocaína desde Tumaco, en Colombia, y las costas ecuatorianas hacia Estados Unidos.
La Fiscalía presentó 35 testimonios, además de la versión de uno de los agentes estadounidenses que estuvo al frente de las incautaciones de más de 20 toneladas de droga en EE.UU. Además se presentaron testimonios de expertos de la Armada del Ecuador, quienes acreditaron el geoposicionamiento de dichas embarcaciones. También se adjuntaron tres Asistencias Penales Internacionales con información remitida por la Justicia estadounidense, 300 kilos incautados al sur de las islas Galápagos, en donde fueron capturados 23 ecuatorianos y un mexicano.
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ABASTECIMIENTO PARA NARCOLANCHAS
La operación fue coordinada en octubre del 2022 por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Trasnacionales (UNIDT-DIGIN), bajo la dirección de Fiscalía, en coordinación con seis agencias de EE.UU., incluidos el FBI y la CIA. Decenas de agentes intervinieron en Manabí y Guayas, donde fueron aprehendidos los implicados que eran parte de tres organizaciones delictivas, que coordinaban de forma sincrónica el abastecimiento de combustible a narcolanchas o sumergibles, ubicándose en sitios estratégicos en el océano Pacífico. Las embarcaciones se organizaban para abastecer a las narcolanchas cada 350 millas náuticas, mientras se dirigían a México y EEUU. Se estima que el 2021 esta organización habría colaborado en el tráfico de aproximadamente 50 toneladas de cocaína.
Pese a todas las evidencias, testimonios y peritajes, Alarcón y Quintero declararon el estado de inocencia de todos los acusados.
Según su pronunciamiento, si bien la Fiscalía demostró que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de lanchas que llevaban droga, el tipo penal por el cual fueron acusados correspondía solo a los dueños de la droga y a quienes la financian no a lo colaboradores. Por eso quizás su conducta podía adecuarse a otro delito como el de delincuencia organizada o asociación ilícita pero que por un principio de congruencia no los podían condenar por esos delitos. El fallo no fue unánime. El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano, salvó su voto, aceptó la acusación fiscal y dictó sentencia condenatoria en contra de todos los procesados en calidades de autores directos. Argumentó que los 18 acusados cumplieron tareas indispensables para el traslado de la cocaína hacia Estados Unidos
Durante la audiencia de juzgamiento la Jueza se conectó, por varias ocasiones, mediante medios telemáticos, sin prestar atención suficiente a los testigos que presentó la Fiscalía, según informes recogidos de la diligencia.
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