Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen: ¿Sí o no?
La Consulta Popular y Referéndum 2024 propone modificar la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado.
La Consulta Popular y Referéndum 2024 propone modificar la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. La pregunta A ha generado argumentos a favor y en contra que se deben considerar antes de votar.
La pregunta se originó en una propuesta de enmienda constitucional que originalmente presentó el entonces presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. Esta última se tomó su tiempo hasta que publicó su dictamen el 6 enero de 2024. La decisión ordenó al Consejo Nacional Electoral que convoque a los electores a tomar una decisión definitiva sobre el tema. A esta convocatoria se sumó el cuestionario enviado por el presidente Daniel Noboa con diez preguntas adicionales.
La pregunta A, textualmente dice: “¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?”.
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Los defensores de la propuesta argumentan que la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitiría una respuesta más efectiva al crimen organizado, especialmente en situaciones de emergencia o amenazas graves, sin la necesidad actual de declarar Estados de Excepción o similares. Las Fuerzas Armadas contribuirían así con la experiencia en operaciones delicadas de seguridad que ellos poseen. Pondrían también a disposición sus recursos adicionales como tecnología avanzada y personal capacitado para en conjunto fortalecer la capacidad de respuesta ante el crimen.
Sin embargo, los críticos expresan serias preocupaciones sobre los posibles riesgos para los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos. La participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interna podría derivar en abusos o violaciones de derechos humanos, según algunos sectores de la sociedad civil. Además, se teme que la combinación de roles desdibuje la tradicional separación de roles específicos entre las Fuerzas Armadas, enfocadas en la defensa nacional y la Policía Nacional, encargada de la seguridad interna.
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La decisión final sobre la pregunta A radicará en el equilibrio entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la protección de los derechos civiles. Es fundamental evaluar cuidadosamente los argumentos a favor y en contra antes de emitir un voto consciente este domingo 21 de abril.
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