Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la censura implica la prohibición de volver a ocupar un cargo público por el lapso de dos años.
Con ello, el puesto de Fausto Murillo quedaría vacío, puesto que su vocal suplente, Elcy Celi, presentó ayer su renuncia irrevocable.
Mientras que Juan José Morillo, al igual que Maribel Barreno, ya habían abandonado el CJ desde el 29 de septiembre de 2023 tras ser procesados por tráfico de influencias en el denominado Caso Vocales.
El pedido de juicio político fue presentado en la Asamblea cesada por Guillermo Lasso con el decreto de la muerte cruzada, pero luego fue retomado por la actual legislatura.
Como los asambleístas interpelantes originales no fueron reelegidos, el legislador Carlos Vera (PSC) asumió el proceso.
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En el desarrollo de la fase final del juicio político, Vera reiteró sus argumentos que demostrarían el incumplimiento de funciones del exvocal José Morillo, al incurrir en conducta tipificada como delito de tráfico de influencias, al tratar de incidir en la decisión de un juez para devolverle a Guadalupe Llori su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.
Respecto del expresidente y actual vocal del CJ, Fausto Murillo, insistió en que incumplió funciones al no tomar acciones sobre el presunto tráfico de influencias ejercido por Juan José Morillo.
También se aseguró una falta de gestión para aplicar la homologación salarial de los funcionarios judiciales, la desatención de las necesidades logísticas del CJ, la arrogación de funciones al asumir la Judicatura cuando le correspondía al doctor Álvaro Román y la inacción frente a la reconstrucción de la sede judicial de Manabí.
Por su parte, Fausto Murillo manifestó que “asambleístas correístas y socialcristianos no han podido probar ninguno de los falsos cargos” en su contra. “Lo único que buscan es tomarse el Consejo de la Judicatura para una agenda de impunidad”.