El Gobierno repudia asesinato de la alcaldesa Brigitte García y garantiza inmediatez en la búsqueda de los responsables
El Gobierno expresó este domingo su repudio por el asesinato a tiros de la alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, Brigitte García, y ofreció hacer todo lo posible para dar con los responsables.
El Gobierno expresó este domingo su repudio por el asesinato a tiros de la alcaldesa del cantón San Vicente (Manabí), Brigitte García, y ofreció hacer todo lo posible para dar con los responsables de este crimen.
"Estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado y hemos dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador que realicen todas las acciones que garanticen inmediatez en la investigación, a fin de dar con los autores materiales e intelectuales" del crimen, remarcaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Gobierno y del Interior.
Esas dos carteras, en su texto, dicen que "repudian y condenan la acción criminal" que privó la vida de García y del director de Comunicación del Municipio de San Vicente, Jaime Loor, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo cerca de esa ciudad.
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"Nuestro sentido pesar de todo corazón, nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes en la impunidad", añadieron.
Asimismo, indicaron que, pese a estas acciones criminales, el Gobierno ratifica que no bajará la guardia en la "lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política".
"Además, reforzaremos nuestros controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en beneficio de los ecuatorianos", se añadió en el escrito.
El crimen de García y Loor se produjo en un momento en que rige en el país el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para frenar la espiral de violencia que se registró a principios de año.
Brigitte García, de 27 años, era la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana.
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El crimen de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero, y también en medio del estado de excepción.
Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un cantón cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El asesinato de Carnero, que era también militante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar el recrudecimiento de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el "conflicto armado interno", el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".
El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.
Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.
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