¿Cuánto debe Jorge Glas al Estado por actos de corrupción? Esta es la millonaria suma que no ha cancelado tras su salida de la cárcel
Glas salió de la cárcel 4 de Quito luego de que un juez de Santo Domingo aceptó medidas cautelares interpuestas por una tercera persona.
Jorge Glas volvió a salir de prisión, sin que hasta el momento pague la reparación económica que le debe al Estado ecuatoriano por actos de corrupción. Así mismo, los procesos de incautación de bienes se han visto truncados por distintas situaciones que han hecho de esta tarea algo casi imposible.
La noche del pasado lunes, el exvicepresidente abandonó la cárcel 4 de Quito gracias a una boleta de excarcelación emitida por el juez Emerson Curipallo de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El magistrado aceptó medidas cautelares contra Glas interpuestas por una tercera persona, en las que se dispone la prohibición de salida del país y la presentación semanal en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Es así que el miembro de la Revolución Ciudadana cumplirá desde su casa sus condenas por asociación ilícita dentro del Caso Odebrecht (seis años) y por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 (ocho años). Ambas sentencias fueron ratificadas por tres instancias diferentes.
Por la primera causa, la justicia ecuatoriana dispuso que Glas y siete personas más paguen una reparación de 33.396.116 dólares. Este monto fue dividido de manera ponderada, según la cifra que cada uno movió en la trama de corrupción. En el caso del exvicepresidente tiene que devolver 7.050.000 dólares.
Mientras que en la sentencia por cohecho, se establece una pena de 778.224 dólares como autor mediato de instigación.
Por lo tanto, Jorge Glas adeuda al Estado más de 7.8 millones de dólares, valor que al parecer está lejos de ser recuperado.
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MISIÓN IMPOSIBLE
El binomio de Rafael Correa aún no ha pagado el dinero directamente, pero la Procuraduría General del Estado inició un proceso de embargo de sus bienes. Eso sí, no será tarea fácil.
En mayo de este año, Vistazo publicó un reportaje sobre la incautación de las propiedades de los acusados en el caso Sobornos. En el informe se describe que Glas tiene un departamento en la urbanización Ceibos Norte de Guayaquil, valorado en 85 mil dólares, pero lo puso a nombre de sus hijos.
Este inmueble ya no apareció en las declaraciones de 2016 en adelante. Tampoco aparece el departamento de Portal al Sol, en la vía Guayaquil-Salinas, lugar donde vivió hace cuatro años, antes de ser detenido.
Los que sí están en la lista de embargos, son dos departamentos contiguos en un edificio de Lomas de Castella, sector Monteserrín, al norte de Quito y, un departamento en un exclusivo edificio al pie de la playa de Tonsupa, en Esmeraldas.
Sin embargo, la vivienda de Monteserrín más una camioneta Chevrolet de 2014, tienen una prohibición de enajenar interpuesta por su esposa Cinthia Díaz, a nombre de sus hijos. Los jueces deberán determinar con quién se quedan esos dos inmuebles. Los tres departamentos suman 260 mil dólares.
La Procuraduría ha mencionado que el embargo de estas propiedades permitirá “cubrir parcialmente el monto fijado en sentencia como reparación integral a favor del Estado”.
ACCIONES LEGALES
Luego de que el juez de Santo Domingo dispuso la libertad condicional de Glas, el Ministerio de Gobierno manifestó que las instituciones pertinentes ejercerán los derechos de los que consideren asistidas, en el marco irrestricto del respeto a la Constitución y a la Ley.
"No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico, que estamos en la obligación de respetar y acatar, es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años, y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades, mereciendo el rechazo de la ciudadanía", señala un documento suscrito por el ministro Francisco Jiménez.
De su lado, el SNAI expresó que "acatará la resolución del juez" Emerson Curipallo, pero que puede presentar un pedido de "revocatoria" del fallo, pues "no existe amenaza ni vulneración que atente los derechos" de Glas.
La liberación de Glas se produjo después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anulara la sentencia de ocho años de prisión en su contra por peculado en el 'Caso Singue'.
Esta nulidad permitió al exvicepresidente insistir en la unificación de penas con el objetivo de conseguir su excarcelación.
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