Corte autoriza que se retire el grillete electrónico a Jorge Yunda y otros seis procesados por peculado
Jorge Yunda dejará de usar dispositivo electrónico.
Este jueves, 13 de julio de 2023, se reinstaló una audiencia de revisión de medidas, solicitada por siete de los 14 implicados.
Tras varias horas de deliberación, la Fiscalía comunicó en su cuenta de Twitter que pese a su oposición, el Tribunal ordenó el retiro del dispositivo para los procesados.
Sin embargo, ratificó la prohibición de salida del país y dispuso presentaciones periódicas dos veces por semana.
Aparte del exalcalde de Quito, la decisión también benefició a la científica Linda Guamán, a la exsecretaria de Salud, Ximena Abarca y otros implicados, que estaban encargados del área jurídica de la entidad municipal.
El dictamen será remitido al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que retire los dispositivos electrónicos.
ASÍ INICIÓ EL CASO
El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató, con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 por Polimerasa, a un costo de 4,2 millones de dólares.
Según los archivos de Fiscalía, en lugar de las PCR Polimerasa, se habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.
Además, habrían escogido a la empresa, a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos que, en el marco de la emergencia sanitaria, tenía el Cabildo, entre estos, la adquisición de 200.000 kits para detección de Covid-19 por PCR – Polimerasa y a un mejor precio.
El caso sigue en su etapa de juicio desde el 2021, cuando la defensa de Jorge Yunda presentó una demanda de recusación contra el juez Fabián Fabara, integrante de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, porque “no demostró imparcialidad” en su accionar durante el transcurso de diligencia.
El recurso quedó en firme a mediados del 2022 y desde entonces el caso no avanza.
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