Contraloría archiva proceso contra Lasso por no hallar irregularidades en su patrimonio
La publicación del resultado coincidió con la reinstalación del caso 'Pandora Papers' en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Contraloría General del Estado dictaminó el archivo del proceso contra el presidente Guillermo Lasso, sobre una presunta infracción relacionada con bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales, tras no hallarse irregularidades en el examen especial realizado.
Así lo dio a conocer este martes 7 de diciembre de 2021 la Secretaría de Comunicación, luego de recibir el dictamen suscrito por el contralor Carlos Riofrío.
Al respecto, la entidad de control indicó que "se estableció documentadamente que el señor Guillermo Lasso, al 23 de septiembre de 2020 y al 24 de mayo de 2021, fechas de inscripción de la candidatura para participar por la dignidad de Presidente de la República del Ecuador y de posesión en dicho cargo, respectivamente, no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en las empresas o fundaciones (domiciliadas en paraísos fiscales)".
Por ese motivo el Contralor dictaminó archivar el proceso en contra de Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, "por no encontrar elementos objetivos" que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura para Presidente Constitucional de la República del Ecuador, y de posesión en dicho cargo, era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales, o por ostentar la condición de directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes.
La publicación del resultado coincidió con la reinstalación del caso 'Pandora Papers' en el Pleno de la Asamblea Nacional, prevista para este martes 7 de diciembre a las 15h00.
La lectura del referido documento, que consta de 358 páginas, tomó alrededor de cuatro horas y media, el pasado jueves 2 de diciembre. Por lo que en esta sesión se prevé el debate entre asambleístas en base al informe presentado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
El informe de la mayoría concluye que existió presunto incumplimiento de una ley aprobada en 2017 que prohíbe a funcionarios públicos y electos tener bienes o activos en los países tipificados en Ecuador como paraísos fiscales, y entre ellos, Panamá.
Mientras que el informe de minoría, respaldado por dos asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), recomienda que la Asamblea archive el caso y entregue la información a otros organismos fiscales responsables de este tipo de investigaciones.
Por su parte, el presidente Lasso ha tildado de "patéticamente falsas" las conclusiones de la Comisión legislativa, la acusa de no haber respetado "el debido proceso" y la ha calificado de "circo ideológico", razón por la que se negó en dos ocasiones a comparecer para responder a las preguntas de sus miembros.
"De conformidad con la Ley, la Contaloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales", enfatizó la Secretaría de Comunicación en un comunicado.
Y agregó que el dictamen de esta entidad "comprueba documentadamente, una vez más, que el presidente Guillermo Lasso no incumplió con esta premisa; como malintencionadamente grupos políticos quisieron posicionar en la opinión pública, apegados a intereses personales y no a la verdad".
Estas son las empresas que revisó Contraloría y no halló vinculación con Lasso: Da Vinci Foundation, Barberini Foundation, Nora Group Investmente Corp, Fundación Bienes Raíces, Bernini Foundation, Petro Overseas S.A, Tintoretto International Foundation, Bretten Holdings Inc, Banisi S.A., Banisi Holding S.a. y, Banisi International Foundation, localizadas en Panamá; en Positano Trade LLC, ubicada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América; y, Brother's Investment, ubicado en Islas Caimán, regímenes considerados como paraísos fiscales; y Bretten Trust y Liberty U.s. Trsut, localizados en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos de América, que de conformidad con la normativa aplicable, no es considerado paraíso fiscal o régimen fiscal preferente.
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