El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de cuatro solicitudes de juicio político, este sábado 15 de junio de 2024.
En la sesión se trataron los procesos en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres; la exministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino; y en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto.
Las solicitudes, junto a la documentación presentada, serán remitidas a la Unidad de Técnica Legislativa para que, en el plazo máximo de tres días, emita el informe no vinculante de cumplimiento de requisitos.
Con relación a las nuevas iniciativas legales, el CAL calificó el proyecto de Ley de Víctimas, que será tramitado por la Comisión de Garantías Constitucionales; y, el proyecto de reformas a la Ley para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que debe ser analizado por la Comisión de Biodiversidad. Las mesas legislativas quedan autorizadas para unificar las propuestas con otras de la misma materia, que se encuentren en trámite.
Además, el CAL autorizó la prórroga de 30 días solicitada por la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, para presentar el informe de fiscalización del accionar del Ministerio de Salud Pública, respecto de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a consecuencia de la enfermedad infecciosa del dengue que afecta a la ciudadanía de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Cañar, Pichincha y Cotopaxi, así como de la deuda que mantiene con Solca y clínicas de diálisis.
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Recientemente, el pleno de la Asamblea Nacional negó levantar la inmunidad a la vicepresidenta, Verónica Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción. Frente a aquello, el Gobierno de Daniel Noboa denunció "un sucio pacto político" en el Legislativo.
En un comunicado, acusó a las bancadas de PSC (Partido Social Cristiano), RC (Revolución Ciudadana) y Construye de anteponer sus intereses personales y partidarios sobre la justicia y la dignidad del país. "La troncha política queda en evidencia", cuestionó el Ejecutivo.
La votación, que tuvo lugar durante la sesión Nro. 935 de la Asamblea Nacional, resultó en 75 votos a favor de negar la autorización para el enjuiciamiento penal de Abad. Este resultado ha sido visto como una clara evidencia de lo que el Gobierno describe como un "acuerdo bajo y vergonzoso" entre aquellos que hace poco se consideraban enemigos políticos, pero que ahora han unido fuerzas para protegerse mutuamente de la justicia.