Condenan a prisión a exasambleísta Nívea Vélez por cobrar 'diezmos': esto se reveló sobre los valores exigidos
Nívea Vélez fue condenada como autora del delito de concusión, cometido entre los años 2009 y 2013, cuando fue asambleísta.
El Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Adrián Rojas, resolvió –por unanimidad– sentenciar a un año de pena privativa de libertad a Nívea Vélez, como autora del delito de concusión, cometido entre los años 2009 y 2013, cuando fue asambleísta.
Durante los tres primeros días de audiencia de juzgamiento, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el testimonio de ocho peritos, catorce testigos y 125 pruebas documentales, que probaron el cobro de los llamados 'diezmos'.
Entre los testimonios presentados, se escuchó a la perita contable que practicó una metapericia a los movimientos bancarios de la procesada y de los contribuyentes, determinando que los subalternos de Vélez transfirieron valores que van desde los 20 hasta los 1.000 dólares de forma constante, durante el tiempo que trabajaron para la exlegisladora.
También se escucharon los testimonios de personas que trabajaron para la exasambleísta en el movimiento político y en su despacho en la Asamblea Nacional, quienes confirmaron las gestiones que se llevaban a cabo con el dinero de las exigencias ilegales.
Además, se llamó a testificar a una mujer, a quien la procesada aseguró en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como “patrono” de varias personas que no conocía, pero que trabajaron para Nívea Vélez. La testigo mencionó que ignoraba el origen del dinero destinado a sueldos y aportes al IESS.
También presentaron su testimonio: peritos que analizaron los correos electrónicos del acusador particular de este caso y de una de las versionantes, cotejaron la voz de la procesada con los audios que reposan en cadena de custodia y efectuaron el reconocimiento del lugar en el que habrían ocurrido estos actos ilícitos, al interior de la Asamblea Nacional, entre otros.
Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, la ahora sentenciada, aprovechando su condición de asambleísta por la provincia de Loja, exigió a sus subalternos el pago de contribuciones económicas por un valor de 40.440 dólares, entre 2009 y 2013.
El Tribunal detallará los montos referentes a multa y reparación integral en la sentencia escrita.
En su decisión, los magistrados también solicitaron a Fiscalía que investigue el accionar del acusador particular, Vicente Ogoño, exasesor de Vélez y denunciante de los hechos.
Según la investigación, el salario de Ogoño como asesor 1 en el despacho de Vélez entre 2012 y 2013, era de $ 3.340 y Vélez le exigía $ 1.668 al mes.
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