CONAIE hace 4 requerimientos al Gobierno: "el presidente debe tomar una decisión antes del 11 de agosto"
Iza aclaró que no se trata de una "amenaza o problema de desestabilización", pero el plazo para recibir una respuesta de Lasso es hasta el próximo martes.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, dio a conocer que, este miércoles 4 de agosto de 2021, entregarán un documento dirigido al presidente de la República, Guillermo Lasso, que contiene demandas económicas y propuestas frente a los temas "urgentes" y "emergentes" como el alza del precio de los combustibles, créditos e intereses, entre otros.
En la rueda de prensa, el dirigente indígena analizó varios indicadores económicos del país, tales como la caída del PIB, la pobreza rural, que bordearía el 41.8%, la mulltidimensional el 71%, cifras sobre el nivel de desempleo y empleo inadecuado. En ese sentido, Iza formuló cuatro requerimientos al Ejecutivo.
DEROGATORIA DE DECRETOS
Iza solicitó al primer mandatario la derogatoria de los decretos 1158, que permite la liberación para la importación de los combustibles; 1183 que faculta a la ARC (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables) la fijación de los precios de los combustibles; y el 1054 que estable el sistema de bandas de los precios de los combustibles.
Según Iza, con la aplicación de esos decretos se ha incrementado el precio de los productos de primera necesidad sobre todo los industrializados y se ha generado especulación en el mercado.
"No es un tema político, por ello demandamos que el gobierno nacional debe, de manera urgente, garantizar que se deroguen estos decretos", manifestó el presidente de la CONAIE, al pedir que el Ejecutivo convoque a una reunión para resolver este problema de manera integral.
Agregó que la crisis se ha trasladado a los sectores empobrecidos. "El sector campesino está subsidiando el 60% hasta el 70% de la alimentación de los ecuatorianos", indicó.
POLÍTICA MINERA
Sobre el tema minero, exigen que el Gobierno cese el proceso de ampliación de la política minera. "No es posible que en zonas de recarga hídrica, en zonas de sistemas eco-sensibles, en zonas de pueblos y nacionalidades se haya instalado ferozmente la implementación de procesos mineros a gran escala", enfatizó Iza.
Argumentó que se debe priorizar la economía sustentable, basada en la agricultura y ganadería. Por ello piden una política que garantice las diferentes actividades, pero que "no vayan a acabar con el nicho ecológico".
Asimismo, pidieron la "aplicación de una consulta previa, libre e informada, y que no sea usada para fines políticos", y el respeto de las anteriores consultas que se han llevado a cabo en diferentes provincias del país.
REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Iza hizo mención a las deudas con los bancos privados, públicos y con el sistema de cooperativas de ahorro y crédito.
Criticó que en el año de la pandemia, el sistema financiero de este país haya ganado $ 233 millones en utilidades netas. "¿Cómo es posible que campesinos y agricultores, compañeros que tenían un empleo y fueron despedidos, no podemos pagar una deuda, pero, los bancos, cooperativas y sistemas financieros han tenido réditos económicos?", cuestionó.
Al respecto, considera importante que se declare un año de emergencia en el sector financiero, para que los ciudadanos puedan pagar los préstamos otorgados por las diferentes instituciones financieras.
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL MÁS RIGUROSA
Según indicó Iza, más de $ 7.000 millones no han sido pagados por los grupos económicos y habría que fortalecer las políticas, debido a que la "única forma de reducir la crisis es reduciendo la brecha de la desigualdad".
"Los grupos económicos, que tienen garantizado niveles de desarrollo económico o de acumulación, están obligados a pagar al Estado para que se puede corregir la crisis fiscal actual", reiteró.
Organizaciones sindicales convocan a movilización para el 11 de agosto a escala nacional
Por último, el dirigente enfatizó que, luego de entregar la propuesta al Ejecutivo, el próximo martes 10 de agosto se evaluarán acciones en la asamblea ampliada de la CONAIE, con todos los pueblos y nacionalidades.
Aclaró que no se trata de una "amenaza o problema de desestabilización", pero el plazo para recibir una respuesta de Lasso es hasta el próximo martes. "Esperamos, hasta el martes 10, tener respuestas del Gobierno", concluyó Iza.
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