Fiscalización recomienda al pleno de la Asamblea llamar a juicio político a Freddy Carrión
Este jueves, los legisladores presentarán el informe a la Presidencia de la Asamblea.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el informe que recomienda el juicio político por incumplimiento de funciones contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, con seis votos a favor y tres abstenciones.
El documento fue aprobado con los votos de Fernando Villavicencio (Ind.), Ana Belén Cordero (CREO), Pedro Velasco y Marco Troya (BAN). Además, Bruno Segovia (exPachakutik) y Soledad Diab (PSC), quienes tuvieron dudas sobre las causales presentadas por los interpelantes Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Yeseña Guamaní (ID).
Las abstenciones fueron del bloque de UNES: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova.
Según recoge diario El Universo, los tres legisladores cuestionaron que el juicio político se base en el proceso penal por el presunto delito de abuso sexual, por este caso Carrión fue llamado a juicio. Además, dijeron que no existe un informe de la Contraloría General del Estado que certifique mal uso de recursos públicos.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que no se está incorporando la acción penal y recordó que el propio defensor del Pueblo ofreció disculpas por protagonizar un escándalo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí.
Por su parte, la asambleísta Ana Belén Cordero argumentó que sí hubo incumplimiento de funciones, entre otras cosas, por utilizar bienes públicos como vehículos oficiales y violar el toque de queda.
El legislador Roberto Cuero cuestionó estas afirmaciones, pues dijo que el Decreto de Estado de Excepción exceptuaba al defensor del Pueblo del cumplimiento de las restricciones de movilidad, pero los otros asambleístas recalcaron que Carrión no cumplía actos oficiales al momento de la detención, según destaca diario El Comercio.
En el informe, entre otras conclusiones, el organismo determina que luego de todas las pruebas de cargo y descargo; testimoniales y documentales en las cuales el interpelado dijo que estaba trabajando y ejerciendo sus funciones de Defensor, queda claro que existen varios incumplimientos a leyes expresas, como por ejemplo, la Ley de la Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica del Servicio Público.
Así mismo, establece que el incumplimiento de normativa relacionada con derechos humanos se configuró cuando ejerció violencia y daños contra una persona de sexo femenino.
A más de continuar con el juicio político, la Comisión formula varias recomendaciones, entre ellas, que se remitan a la Fiscalía General del Estado los audios de los testimonios relacionados con la presunta información relacionada con la "vacunación VIP", así como lo referente a la autorización del defensor del Pueblo para que su firma electrónica sea utilizada por sus abogados Stalin Raza, Juan Carlos Salazar, Francisco Dávalos y la señora Priscila Schettini, lo cual configuraría un delito de usurpación de funciones.
De conformidad con la normativa vigente, una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días, la Presidenta de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno.
El pasado sábado, 4 de septiembre, Carrión salió de la cárcel cuatro de Quito para ejercer su derecho a la defensa en la Asamblea.
En su declaración manifestó que existe un complot de altos funcionarios del régimen de Moreno para sacarlo del cargo, esto como retaliación a las denuncias presentadas por el paro de octubre del 2019 y el proceso de vacunación.
Agregó que la reunión que mantuvo con Falconí era para obtener una presunta lista de “vacunados VIP”.
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