El abogado es identificado como presunto líder de una organización delictiva, que controlaba a la justicia en la provincia del Guayas en beneficio de sus intereses.
De acuerdo al Ministerio Público, el exlegislador habría financiado la campaña y la operatividad de María Fabiola G. R., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Esto a través de la contratación de Mayra Salazar, procesada en el Caso Metástasis, por pedido de María Fabiola.
Así, Salazar logró un puesto en el área de comunicación de la Corte Provincial del Guayas.
Los honorarios de la publicista -que tenía voz y voto en las decisiones judiciales en la Corte-, se habrían pactado en el domicilio del exasambleísta: 2.500 dólares mensuales y en efectivo.
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Bajo esa influencia, Pablo M. y su esposa fueron beneficiarios de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico por supuestos “daños causados”.
Al parecer, el exlegislador adquirió junto a su pareja una deuda de 314.000 dólares para financiar una empresa familiar en 1989 y 1999.
La institución bancaria habría dispuesto el pago con 13 notas de crédito, de las cuales 12 no fueron válidas, pues no se habrían registrado en el sistema de transferencia, según revela la cadena Ecuavisa.
Sin embargo, Pablo M. interpuso una acción de habeas data contra el banco, utilizando documentos de pago falsos y adulterados.
Luego, un juez ordenó que se le reconociera la legalidad de los pagos, pero además dispuso que la entidad le pagara 3.983.040 dólares como reparación económica porque supuestamente el exasambleísta perdió un bien durante el proceso.
Reinaldo C., también procesado por el Caso Purga, fue el juez que falló a favor del militante del PSC.
Ecuavisa revela que el Banco del Pacífico aún no ha pagado la indemnización y está a la espera de que se resuelva el recurso de casación contra Pablo M.
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