Dentro del caso Metástasis, Cristian Romero, uno de los abogados del capo del narcotráfico Leandro Norero, comunicó su intención de colaborar en las investigaciones a cambio de una condición.
Los chats descubiertos en el celular del capo de alias "El Patrón" revelaron su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.
En las conversaciones entre Romero y Norero se menciona la negociación de habeas corpus con los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi (José Luis S. y Santiago Z.), a fin de que Leandro Norero y sus hermanos (Israel N. y Johanna Z.) salgan libres a través de esta figura, a cambio del pago de dinero.
Asimismo, en otro chat, el usuario “E6NBF5BV Global Pax” (con el que se identifica a Romero) comparte el contacto Wilman Terán (en ese entonces juez de la Corte Nacional) y del juez Luis R. al usuario “owner” (Leandro Norero).
Romero, quien es uno de los 38 investigados en el caso de delincuencia organizada, al momento se encuentra prófugo. No obstante, el abogado ha planteado la posibilidad de declararse culpable.
“Han enviado ya intenciones del abogado Romero, de someterse a un procedimiento abreviado. Es decir que va a asumir su responsabilidad”, indicó la fiscal Diana Salazar, en una entrevista con Radio Democracia.
Explícitamente, el defensor ha solicitado que se lo sentencie a 20 meses de prisión y que lo envíen a la cárcel 4 de Quito (que es destinada para políticos y policías).
Ante aquella solicitud, Salazar respondió que "la Fiscalía no se va a someter. Él tendrá que someterse a las condiciones de la Fiscalía”.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento abreviado es un juzgamiento rápido. El procesado acepta el cometimiento del delito y la Fiscalía sugiere una pena privativa de la libertad reducida.
Mientras tanto, Salazar ha pedido a la Corte Nacional día y hora para vincular a la instrucción fiscal del caso Metástasis a siete personas, quienes no pudieron ser capturadas durante los allanamientos, entre ellos Romero y Daniel Salcedo.
La noche del 13 y la mañana del 14 de diciembre, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó más de 75 allanamientos en varias provincias del país –con la participación de más de 900 personas- como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada en el contexto de hechos relacionados a corrupción y narcotráfico.
Por este caso, se dictó prisión preventiva para 16 de los involucrados, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, quien a la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como juez nacional.
La investigación inició tras la muerte de Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en octubre de 2022. Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.