Caso 'Independencia Judicial': se revelan cobros por cargos en la justicia para financiar ambiciones políticas
En su declaración en la Corte Nacional, Álex Palacios, ex hombre de confianza del anterior presidente del Consejo de la Judicatura.
En su declaración en la Corte Nacional, Álex Palacios, ex hombre de confianza del anterior presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, reveló detalles sobre una presunta red de corrupción que implicaba el cobro de entre USD 5,000 y 10,000 por asignación de cargos en el sector justicia.
Las acusaciones surgen en el contexto del caso denominado 'Independencia Judicial', donde Terán, los exvocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, así como otros exfuncionarios de la institución están siendo investigados por presunta obstrucción de la justicia.
Durante su testimonio anticipado, Palacios explicó cómo Terán, que aspiraba a convertirse en Presidente de la República, habría utilizado su posición y los recursos del Consejo de la Judicatura para impulsar su proyecto político.
“Se estaba preparando el proyecto político de Wilman Terán. Él quería usar el Consejo de la Judicatura como catapulta para lanzar su candidatura presidencial”, afirmó Palacios, quien detalló que un "equipo de especialistas" se encargaba de negociar los precios de los cargos judiciales a lo largo del país.
"Tenía un equipo de especialistas que iban negociando todos los cargos en las provincias. 10 mil dólares costaba una secretaría y 5 mil dólares un ayudante judicial. De toda esta recaudación que hacían muchas veces logré escuchar que era la caja chica para financiar la campaña política de Wilman Terán. Eso controlado por todo el país, realmente cantidades altas de dinero", dijo Palacios.
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La declaración también incluyó un esquema de repartición de poder entre Terán y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, donde cada uno controlaba distintas direcciones provinciales y departamentos clave dentro del Consejo.
Palacios enumeró, por ejemplo, que Terán controlaba las provincias de Pichincha, Santo Domingo y Manabí, mientras que Muñoz y Barreno administraban otras regiones y sectores estratégicos como tecnología y asuntos jurídicos, respectivamente.
El caso sigue en desarrollo y se espera que surjan más detalles a medida que avance el juicio y otras figuras involucradas presenten sus testimonios o defensas.
La investigación en este caso inició en 2022, por el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo.
Luego de aquello, Fiscalía descubrió sobre la presunta articulación interna en el Consejo de la Judicatura, orquestada desde las máximas autoridades y facilitada dolosamente por sus funcionarios inferiores –incluidos sus asesores– para direccionar las providencias que se emitían, con el objetivo de destituir al juez nacional Walter Macías, quien debía conocer la formulación de cargos en el caso por tráfico de influencias.
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