Caso Fernando Villavicencio: Policías explican cómo era la seguridad de los candidatos presidenciales
Funcionarios comparecieron ante la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio.
En la Asamblea Nacional, ante la Comisión Ocasional para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, funcionarios de la Policía Nacional comparecieron este miércoles 6 de marzo para abordar diversos temas relacionados con la seguridad de candidatos presidenciales.
Villavicencio murió el 9 de agosto de 2023 al ser acribillado a tiros a la salida de un mitin electoral en Quito, cuando faltaban apenas once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias.
El director nacional de Logística de la Policía Nacional, Marco Ortiz Nieto informó que se asignaron 16 vehículos para los candidatos, pero se desconoce si Fernando Villavicencio recibió uno.
Además, destacó que la Policía provee insumos de protección a su personal, no a las personas bajo su resguardo.
Lorena Avila Mediavilla, directora nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, expresó que asumió su cargo en enero de 2024 y están capacitando al personal en temas de protección.
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El asambleísta Adrián Castro expresó su preocupación por el acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Interior, asignando dos millones de dólares para la seguridad de candidatos.
"Es un presupuesto considerable para la seguridad de candidatos, pero no solo es el presupuesto, es como ejecutas la planificación que en seguridad es clave", resaltó.
El acuerdo ministerial 055 especifica que los vehículos deben tener las características necesarias para maniobras de riesgo, destacando que una camioneta no es adecuada y sin embargo es el transporte con el que se contaba y no cumplía los parámetros de seguridad, acotó Castro.
Ante estas inquietudes, los asambleístas decidieron convocar a Diana Atamaint, presidenta del CNE, para que informe sobre el acuerdo entre el CNE y el Ministerio del Interior, buscando esclarecer la asignación de recursos para la protección de candidatos.
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