La Asamblea Nacional aprobó un proyecto que abarca un conjunto de reformas destinado a fortalecer la seguridad integral, entre las que se halla el endurecimiento de penas para las extorsiones denominadas como las "vacunas".
Con 117 votos a favor, el proyecto reformatorio de determinados cuerpos legales fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, durante una sesión celebrada este jueves 5 de enero.
La normativa se basó en siete ejes, entre los que se incluyen reformas para otorgar mayor seguridad a víctimas de delitos y operadores de justicia que cumplan con sus funciones, así como el fortalecimiento de la capacidad del Estado con respecto a la recuperación de bienes que hayan perdido por medio de acciones ilícitas.
La Asamblea cumple nuevamente con el pueblo🇪🇨
— Virgilio Saquicela E (@VSaquicelaE) January 5, 2023
Con 117 votos, el Pleno del Parlamento aprobó el Proyecto Reformatorio a varios cuerpos legales en materia de seguridad, para combatir con firmeza al crimen organizado. #DelDiálogoAlosHechos para devolver la paz a nuestra Patria🇪🇨 pic.twitter.com/yOGTVniyqm
Asimismo, se planteó la incorporación de las Fuerzas Armadas en circunstancias relacionadas a la seguridad integral y se estableció que la reubicación de personas privadas de libertad supeditada por su afiliación a una organización criminal quedará prohibida.
Con respecto a las sanciones que conlleva el delito de extorsión, que engloba a las denominadas "vacunas", el proyecto busca modificar el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De esta manera, las reformas aumentarán el valor de la multa correspondiente a este delito hasta 36 mil dólares y fijarán sentencias privativas de libertad hasta siete años.
También se introducirán agravantes por el delito, como incurrir periódicamente en la extorsión y proferir amenazas en contra de la integridad de la víctima, ambos elementos claves del modus operandi de los "vacunadores".
Por otro lado, el reclutamiento de menores de entre 13 y 16 años para involucrarlos en actividades ilícitas, como el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, entre otros, corresponderá a una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
Los nueve cuerpos legales dentro de los que se realizarán modificaciones para abordar los cambios anteriormente mencionados, junto al resto que conforman la normativa, serán:
El Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública del Estado y Ley Orgánica de Defensa Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Servicio Público Ley de Telecomunicaciones.