En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional, el contralor General del Estado, Carlos Riofrío, informó que entre 2019 y 2022 la institución efectuó 191 operativos de control, tras denuncias ciudadanas y de entidas públicas, sobre el uso de los recursos públicos en el ámbito de la salud.
De esas denuncias se emitieron 166 informes generales, de los que salieron 87 informes con indicios de responsabilidad penal, derivados de las auditorías a los procesos de adquisición de insumos médicos y medicamentos en los hospitales.
Riofrío detalló que 115 procesos corresponden al Ministerio de Salud Pública, a través de 101 unidades y dependencias a nivel nacional.
Sobre el monto de los recursos, el contralor indicó que los casos en estudio comprometen 651 millones de dólares, de los cuales 281 millones están en el área del ente rector de la salud y 377 millones de dólares en los procesos de contratación desarrollados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
También aseguró que los operativos se ejecutaron a partir de denuncias de la ciudadanía, a través de diferentes canales, incluidas las que se presentaron en los balcones de servicios de la Contraloría, de manera telemática, en la página web institucional.
Entre los principales hallazgos de Contraloría en los referidos procesos constan: no se justificó el proceso de compra por emergencia; no se motivó adecuadamente la necesidad de realizar una contratación emergente; falta de estudios de mercado; prórroga de plazo para la entrega sin sustento técnico ni jurídico; y adjudicación sin las respectivas garantías.
“Es reiterativo el hecho de que se contrataba con empresas o personas naturales,básicamente en pandemia que es donde observamos ese tema, creo que lo más escandaloso es que adquiríamos medicamentos a una mecánica, a una carnicería, eso es lo que se ha evidenciado y es lo que nosotros remitimos a la Fiscalía”, dijo el contralor.
Además, el Contralor del Estado expresó su preocupación por la excesiva rotación del personal en el sector público.
Según la Contraloría, en varias instituciones, "por el uso y abuso de las distintas modalidades contractuales", ningún funcionario quiere hacerse cargo de la administración de uno o más contratos, para evitar involucrase en posibles irregularidades.
Al ser consultado sobre las diferencias de precios entre la contratación de un hospital y otro, tratándose de las mismas medicinas o insumos, Riofrío enfatizó que de su experiencia en la Contraloría ningún proceso es igual a otro, por consiguiente, no se puede inferir que por la sola diferencia de precios puede haber alguna irregularidad, todo depende de varios factores que deben ser analizados por las empresas contratantes, previo cumplimiento de los procesos previstos en la ley.
De su lado, el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dijo que, adicionalmente, requerirán todos los exámenes de control sobre la construcción de hospitales, esto con el propósito de investigar hechos de corrupción que involucran a empresarios y políticos del país.
Por último, indicó que en los próximos días la mesa legislativa entregará un informe sobre el caso.