Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sobreseídos en el caso de pruebas rápidas de covid-19
La Fiscalía informó en un comunicado que apelará los sobreseimientos de forma escrita.
El juez penal de Pichincha Geovanny Freire dictó sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo en el proceso por delincuencia organizada, para la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19. Freire consideró que únicamente eran compradores de forma privada.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se reinstaló la tarde de este lunes 4 de octubre en el Complejo Judicial Norte. La Fiscal del caso fundamentó su dictamen acusatorio con más de cuarenta elementos de convicción, sobre la base de los cuales solicitó al juez que dicte auto de llamamiento a juicio para todos los involucrados.
Pero, el magistrado aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio al israelí Sheinman Oren, Leandro B. e Isabel P., mientras que Verónica A., Bryan P., Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Pulley fueron sobreseídos.
Según el juez, los Bucaram y las otras dos personas, fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, las cuales habrían sido importadas de manera legal.
La Fiscalía informó en un comunicado que apelará los sobreseimientos de forma escrita.
El Juez también dispuso la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva para Leandro B., quien deberá usar grillete electrónico y presentarse periódicamente.
A Isabel P. la declaró prófuga y resolvió la retención de sus cuentas y prohibición de enajenar bienes.
CONTEXTO
Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.
Por este caso, dos personas ya fueron sentenciadas por procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.
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