Polémica alrededor de Mario Godoy, nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. El abogado fue designado en una escandalosa sesión del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Pero además, se sabe que ha defendido a personajes como Alembert Vera, Guillermo Churuchumbi e incluso a narcotraficantes.
¿Cómo llegamos a esto? Todo inició cuando José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió una terna al Cpccs para la elección del nuevo titular de la Judicatura. Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Hugo Landívar fueron los elegidos.
Sin embargo, Landívar, quien fue coordinador de ADN (movimiento político del presidente Daniel Noboa), no cumplió con los requisitos y el Cpccs pidió a la Corte un reemplazo. La terna fue completada con Mario Godoy.
Tras varios procesos, una mayoría del Cpccs escogió a Dunia Martínez en medio de una polémica sesión en la que no estuvieron los consejeros Augusto Verduga, quien había solicitado licencia por paternidad, y Nicol Bonifaz, quien afirma que le impidieron conectarse a la reunión virtual.
El tema llegó incluso a la Asamblea Nacional y finalmente, la consejera Yadira Saltos, afín al correísmo, pidió la reconsideración de la designación de Martínez.
Es así que el pasado miércoles 10 de junio, el Cpccs nombró a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura con los votos de Johanna Verdezoto, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos. Estuvieron en contra el presidente de esta entidad, Andrés Fantoni, y la vicepresidenta Mishelle Calvache. Mientras que Juan Esteban Guarderas se abstuvo.
Para este martes 16 de julio, se tiene planificada la posesión del nuevo funcionario en la Asamblea Nacional, pese a que Andrés Fantoni pidió a la Corte Constitucional que evalúe el proceso de designación.
Así mismo, Mónica Jaramillo, del Observatorio de Control Ciudadano, interpuso una medida cautelar para que se suspenda la posesión por una presunta vulneración de derechos, pero esta acción fue negada por una jueza. No obstante, el 18 de julio se llevará a cabo otra audiencia de acción de protección.
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Mario Godoy se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador. Además, es especialista en Derecho Administrativo y en Cumplimiento Anticorrupción.
Tiene un Diploma Superior en Género, Violencia y Justicia; y una maestría en Derecho Administrativo y Contratación Pública.
Durante el proceso de selección del nuevo presidente de la Judicatura, Godoy recibió dos impugnaciones porque fue abogado de narcotraficantes. En la primera se menciona que el jurista representó a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, “vinculados en investigaciones en Estados Unidos por las incautaciones de avionetas, presuntamente vinculadas al narcotráfico”, según el documento presentado el 19 de junio.
La segunda impugnación habla de lo mismo, pero las dos acusaciones fueron archivadas porque las personas que hacían estos señalamientos no se presentaron a la audiencia pública.
Por su parte, Mario Godoy ha recalcado que su actividad como abogado de los hermanos Larrea se centró en el patrocinio de una acción administrativa en el 2014, la cual solicitaba la réplica y rectificación hacia algunos medios de comunicación por una noticia que tenía imprecisiones.
“Yo no soy abogado de narcotraficantes”, afirmó el nuevo presidente de la Judicatura a un medio digital. En aquella entrevista también recalcó que en el 2019 saltaron las acusaciones contra los Larrea por temas delictivos y en el 2020 fueron condenados por abuso de confianza y delincuencia organizada.
Sin embargo, Godoy fue cuñado de aquellos narcotraficantes, ya que estuvo casado con María Isabel Larrea hasta el 2018, cuando se divorciaron. Incluso tienen una hija.
Él recalcó en una reciente entrevista con una radio que los actos reñidos con la ley por parte de los Larrea fueron descubiertos en el 2019 y que no tiene ningún vínculo con esas personas. "Ni de afinidad, ni de absolutamente de ninguna índole, pero aun así pretenden que ingrese esta intriga de que yo soy abogado de narcos".
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El flamante presidente de la Judicatura ha subrayado que no hace litigio penal, sino que su accionar como jurista se ha basado en temas electorales.
Algunos de sus defendidos fueron: Alembernt Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y afín al correísmo; Guillermo Churuchumbi, exalcalde de Cayambe y actual coordinador del movimiento Pachakutik; Susana González, exprefecta del Guayas, y de algunos asambleístas de la Izquierda Democrática.
“Pero eso, de ninguna manera, hace que yo tenga alguna postura a favor o en contra de algún partido político o alguna tendencia política”, apuntó Godoy en entrevista con el medio digital.
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Godoy trabajó en la Fiscalía en el 2009 y luego pasó al Consejo de Participación Ciudadana hasta el 2011. También fue director de Cultos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y asesor tanto en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) como en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así mismo, fungió como prosecretario relator en la Asamblea Nacional y director de Patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entre otros cargos públicos.
Mientras que en el 2019 fue Director de Gestión de Causas y Director de Detección y Prevención de actos de Corrupción de la Presidencia en la administración de Lenín Moreno.
Antes de ser designado presidente de la Judicatura, daba clases de Derecho Administrativo, Tributario y Realidad Nacional en la Universidad Indoamérica.
También, se desempeñó como Procurador de Petroecuador en la actual administración de Daniel Noboa.
De hecho, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, denunció que recibió presiones por parte del Ejecutivo para acelerar la posesión de Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
De acuerdo con Muñoz, "emisarios del viceministro de Gobierno" lo intimidaron "para apurar la posesión de Godoy". Estas presiones también vinieron del legislador Eckenner Recalde (ADN), segundo vicepresidente de la Asamblea, denunció el funcionario.
Godoy ocupará el puesto hasta enero del 2025 y su trabajo se enfocará en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, determinación de un proceso de confianza con exámenes y seguimiento a los procesos disciplinarios.