Hijo de Eduardo Franco Loor advierte que Fiscalía pidió la detención de su padre con fines investigativos
El exconsejero deberá presentarse este sábado para una audiencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]La Fiscalía General del Estado (FGE) habría ordenado la detección con fines investigativos de Eduardo Franco Loor, exconsejero de Participación Ciudadana, según comunicó su hijo a través de la red social X.
Loor fue impedido de ingresar a Estados Unidos, por lo que tuvo que regresar al aeropuerto de Guayaquil, en donde aseguró que viajó al país norteamericano “por vacaciones”.
Sin embargo, desde el pasado miércoles, se conocía que la Fiscalía formulará cargos contra él y otros miembros de la Liga Azul junto a la consejera Nicole Bonifaz por el presunto delito de asociación ilícita, ya que pretendían posesionar un superintendente de Bancos, pese a que ya había una designación previa.
El exabogado de Jorge Glas dijo que “no sabía de la audiencia” y que se presentará vía telemática. De hecho, aún se encuentra en el aeropuerto porque pretendería trasladarse a Colombia.
Mientras tanto, Luis Eduardo Franco, hijo del jurista, escribió en la red social X que el fiscal subrogante Wilson Toainga “ha ordenado la detención con fines investigativos” de su padre.
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS
Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, destituidos como consejeros en enero de este año, y Nicole Bonifaz, quien aún forma parte del CPCCS, son investigados por presuntamente usurpar funciones e incumplir resoluciones legítimas de autoridades judiciales.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, envió el pasado miércoles un oficio a una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia referente al caso, en el que indicaba que “existe suficiente información y elementos de convicción que permiten sustentar una imputación” por el presunto delito de asociación ilícita.
Verduga, Saltos y Franco Loor no solo fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, también perdieron sus derechos políticos durante los próximos cuatro años y se les impuso una multa de 70 Salarios Básicos Unificados (SBU), vigentes a la fecha de la comisión de la infracción. Es decir, de 31.500 dólares.
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