El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue denunciado por cometer una presunta violencia política de género en contra de la asambleísta alineada con el oficialismo, Lucía Jaramillo. La acción pretende la máxima sanción para el burgomaestre, que podría ser hasta su destitución del cargo.
A la sede del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), acudió la legisladora, este lunes 19 de agosto de 2024, para interponer el recurso. “Aquí sí existe violencia política de género, este sí es un caso evidente y fundamentado”, dijo Jaramillo, en declaraciones a los medios.
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Como antecedente, la legisladora recordó que hace un mes se creó un frente parlamentario para investigar los casos de tráfico ilegal de combustible, "entre ellos el que vincula a la compañía COPEDESA del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a sus hermanos".
Agregó que, a raíz de aquello, el alcalde se refirió hacia ella "con términos denigrantes, con insultos, cuando yo nunca le falté el respeto. Lo único que yo hice fue dar a conocer un supuesto acto de corrupción, en mi deber de fiscalización".
El alcalde calificó de "niña vaga" a la legisladora, así como también acusó a Jaramillo y a su hermana de haber "pasado vagando" en el Municipio de Guayaquil mientras eran parte del PSC.
Álvarez concluyó acusando a Jaramillo de ser una "vocera turra" que no sabe de combustible y a toda la bancada de ser una "porquería" que vende humo.
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Sobre los fundamentos de su denuncia, Jaramillo resaltó que se trata de un caso evidente, con acciones concretas por parte de Alvarez, y no basado en supuestos.
“¿Cuántas veces más, nosotras como mujeres, tenemos que demostrar que estamos capacitadas para ejercer un cargo público o político; aún más con individuos con pensamientos cavernícolas como los del señor Álvarez?", expresó.
Jaramillo sostuvo que los ataques no se dirigieron hacia su trabajo legislativo, sino hacia su persona e integridad como mujer, al referirse a un mensaje publicado en la cuenta de Alvarez en la red social X, que "contiene estereotipos de género, transmiten y reproducen relaciones de desigualdad y discriminación en su contra".
Al final, la legisladora remarcó que estos ataques están señalados en el artículo 280 del Código de la Democracia, que incurren en una falta muy grave y deben ser sancionados con una multa significativa y la destitución y/o suspensión de derechos políticos, que van desde dos hasta cuatro años.
Asimismo, dijo que este caso busca sentar un precedente y evitar que se realicen más insultos hacia mujeres que ejercen la política. El TCE deberá decidir si destituye o no al burgomaestre por esta presunta infracción.