El juez Fernando Muñoz ha anunciado acciones legales contra tres de los cinco magistrados del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quienes, según él, llevaron a cabo una remoción "nula" e "ilegal" de su cargo como presidente del organismo.
Muñoz ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por usurpación de funciones contra los magistrados que proclamaron su destitución y asumieron nuevas funciones sin la debida legalidad.
Según el funcionario, la reunión en la que se tomó la decisión de destituirlo se realizó sin una convocatoria oficial de la presidencia, sin un orden del día y sin la presencia del secretario del tribunal, lo que, según él, invalida cualquier resolución tomada en ese encuentro.
"Los jueces que se reunieron ayer no pueden tomar resoluciones válidas. Esas resoluciones son nulas", afirmó Muñoz en una entrevista para Contacto Directo.
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Además, Muñoz adelantó que presentará una acción de protección con el objetivo de frenar las acciones iniciadas por Ivonne Coloma, quien ha sido proclamada como nueva presidenta del TCE.
Asimismo, hizo un pedido a la Contraloría para que tome cuentas y haga un "examen de estas actuaciones".
"Todas las funciones del Estado deben establecer una sanción ejemplar por este abuso del derecho. Tiene que actuar la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Corte Constitucional", subrayó Muñoz.
"Mi cargo no es de libre remoción, mi cargo es para tres años según la Constitución y el propio Código de la Democracia, de manera que ese acto es totalmente nulo, ilegal", ha manifestado Muñoz.
Durante una accidentada sesión del tribunal el lunes, los jueces cuestionaron la gestión de Muñoz en su cargo. La juez Ivonne Coloma, quien fue designada presidenta del TCE en esa sesión, expresó que los proyectos jurisdiccionales estaban estancados debido a la falta de convocatoria adecuada por parte de Muñoz.
"Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Teníamos un grave problema, quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal, y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos", comentó Coloma.
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Coloma también criticó a Muñoz por no convocar a las sesiones necesarias. "Cuando un juez entrega un proyecto, es obligación del juez convocarlo, y no lo estaba realizando", afirmó. Esta crítica fue parte de los argumentos que llevaron a su destitución, la cual Muñoz considera ilegal.
Entre otros casos, el TCE tiene en análisis una causa contra la vicepresidenta Verónica Abad por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá ejercer cargos públicos, por lo que tampoco podría asumir temporalmente la Presidencia cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, pida licencia para hacer campaña con miras a los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.
Además, ante el TCE Abad denunció, por supuesta violencia política de género, a Noboa, quien la envió a Israel como embajadora.
La violencia política de género es considerada como una infracción electoral muy grave, según el Código de la Democracia, y puede ser sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.