Pasadas las 10:00 de la mañana, el Pleno de la Asamblea inauguró la sesión con 109 legisladores presentes. Los interpelantes intentaron demostrar que el presidente tenía conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker.
Primero intervino la proponente del juicio, Viviana Veloz (UNES), quien aseguró que Lasso conoció la corrupción en Flopec y no hizo nada para detenerla, lo cual causó perjuicios al Estado.
“Usted le dio el aval para que Hernán Luque (presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas) hiciera lo que le venga en gana”, aseguró la parlamentaria, quien reprochó a Lasso el hecho de no haber destituido a Luque a tiempo y darle la oportunidad para salir del país.
La legisladora de UNES también mencionó que hay asambleístas que han negociado su voto a cambio de puestos en instituciones públicas. De hecho, adelantó que próximamente denunciará a un legislador al que se le entregó la administración del IESS.
“Quienes estamos aquí a favor de su censura y destitución no estamos dispuestos a vender nuestras conciencias de hombres y mujeres libres, que buscan un bienestar para la patria, aunque aquí varios legisladores han sucumbido a los negociados, a vender sus conciencias”.
Para Viviana Veloz no basta con la responsabilidad política, que tramita la Asamblea, sino que el presidente debe ser “sentenciado penalmente”.
Al finalizar su intervención, la legisladora interpelante presentó la moción para la censura y destitución del presidente, pues señaló que “está muerto políticamente”.
Por su parte, el asambleísta Esteban Torres (PSC) tuvo menos tiempo que Veloz. En el transcurso de 30 minutos, explicó que Guillermo Lasso es acusado por haber incurrido en peculado por sus actuaciones en la renovación de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker.
También defendió la legitimidad del juicio político, impulsado por su partido y el correísmo: "No existen arbitrariedades, abuso o vicios en el proceso".
Y aseguró que el trámite “tiene una obligación patriótica” para que los ecuatorianos recuperen la confianza en las instituciones. “Si no se censura al presidente de la República, la corrupción en las empresas públicas se normalizará y se extenderá por todo el Estado”.
El presidente Guillermo Lasso llegó al Pleno cerca de las 13:30 acompañado de su esposa y varios ministros. Arrancó diciendo que el juicio político es un proceso “infundado”.
“Han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República. Han estirado los límites de la imaginación humana. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ecuatoriano”, arremetió.
Sobre las acusaciones por presunto peculado. Lasso recordó que la firma del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker se efectuó en el 2018, cuando su Gobierno ni siquiera existía.
Además, recalcó que la Contraloría "jamás recomendó terminar el contrato" ni estableció "ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario".
Lasso indicó que él puso en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flopec. “Pretenden hallarme culpable de aquello que yo mismo he denunciado”.
“Y como si todo esto fuera poco, como si esto no bastara, el testigo estrella de los acusadores, aquel que iba a entregar las supuestas pruebas de una injerencia que jamás existió... ni siquiera se presentó ante la Comisión de Fiscalización”.
Más tarde, el presidente de la República arremetió contra los asambleístas, a quienes acusó de haber abandonado su rol de legisladores porque “no crean leyes, sino que las destruyen”.
En otro punto del discurso, Lasso enumeró los logros de su Gobierno como la vacunación contra el COVID-19, su política ambiental, el programa contra la desnutrición infantil, la construcción de hospitales, etc.
Apuntó que el asunto no es si se salva o no el presidente "sino de preservar el funcionamiento" de la democracia, y lamentó que el juicio político ha implicado "meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones despistadas".
También insinuó que el juicio podría responder al hecho de que su Gobierno ha luchado contra las bandas delincuenciales y el narcotráfico, así como la corrupción en el ISSPOL.
“No quisiera creer que estoy aquí porque simplemente me rehusé a formar parte de un pacto de la impunidad, porque entonces cabría la pregunta: ¿Esa es la supuesta estabilidad que nos quieren vender? ¿La estabilidad de la corrupción?”.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a “deponer nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la seguridad de todos”.