El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este miércoles un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), buscando aclarar "todo lo que haya que aclarar" sobre las recientes elecciones del domingo. Esta solicitud se produce en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.
Maduro, a la salida del TSJ, instó a la Sala a abordar lo que calificó como un "ataque contra el proceso electoral" y un "intento de golpe de Estado" a través de las urnas. El recurso, respaldado por la Procuraduría, busca que el tribunal examine las alegaciones de irregularidades en el proceso.
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La petición del mandatario se produce tras dos días de protestas en varias regiones del país, motivadas por la reelección anunciada de Maduro. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen. Para respaldar su reclamación, la PUD ha publicado actas electorales en una página web, alegando que estas prueban la victoria de González Urrutia.
Maduro calificó el reclamo de la PUD como "el intento de asalto al poder más criminal" visto hasta la fecha, y lo enmarcó en lo que describió como un "complot global contra Venezuela" dirigido a sacarlo de la presidencia, cargo que ocupa desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
"Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado (...) investigado por la Sala Electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado", declaró Maduro, quien afirmó que los partidos que lo apoyan están listos para presentar el 100% de las actas, aunque no proporcionó detalles adicionales.
El Centro Carter, que actuó como observador en los comicios, indicó que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerado como una elección democrática".
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La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este miércoles su preocupación por la violencia y abusos de derechos humanos en ese país tras las protestas por los resultados electorales del domingo, subrayando que es una muestra de la "reactivación de la maquinaria represiva" emprendida por el Gobierno de Maduro.
"Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos", señaló en un comunicado la jurista argentina Patricia Tappatá, miembro de la misión tripartita.
La misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas dijo haber recibido denuncias de violencia desplegada en los últimos días por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como "colectivos").
Las protestas en 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital se saldaron con la detención de 749 personas, según el Ministerio Público, algunas de ellas privadas aún de libertad o enfrentando cargos graves como delitos de terrorismo.
La misión en este sentido expresó su preocupación por el paradero del coordinador del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, y de dos personas más que le acompañaban, tras ser detenidos por individuos encapuchados armados en la mañana del 30 de julio.
Recordaron que otros cuatro dirigentes de organizaciones políticas de oposición fueron detenidos en las últimas horas, y que el fiscal general anunció una investigación contra la principal líder opositora, María Corina Machado, a la que vinculó con un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la jornada de votación.