Imputan a exjefe policial boliviano en caso de munición no letal de Ecuador
La Fiscalía General del Estado de Bolivia informó este miércoles sobre la imputación formal contra un exjefe policial por su presunta responsabilidad en el traslado supuestamente irregular de material antidisturbios no letal desde Ecuador durante la crisis de 2019 en el país.
El exsubcomandante de la Policía Boliviana Claudio Z.E.L. fue acusado por los supuestos delitos de "tráfico ilícito de armas y tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales en grado de complicidad", indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave, citado en un boletín de prensa del Ministerio Público.
Según Alave, la Fiscalía le acusa por supuestamente haber participado en una reunión efectuada el 15 de noviembre de 2019 en el Palacio de Gobierno junto a otros entonces jefes policiales para pedir agentes químicos que requería la Policía para contener los disturbios posteriores a la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
"Además, habría realizado el seguimiento y supervisión de los dos funcionarios que viajaron al país del Ecuador y trasladaron los agentes químicos a Bolivia que, posteriormente, fueron distribuidos a las direcciones dependientes de la Policía Boliviana", indicó el fiscal, según la nota.
Los fiscales que investigan el caso pedirán en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva del exsubcomandante policial para "asegurar su presencia" mientras dure la investigación, que sigue en marcha, indicó el Ministerio Público.
En junio del año pasado, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, presentó el hecho como que desde Ecuador se hubiese entregado gases lacrimógenos y "municiones de guerra".
Un mes después, el Gobierno reveló una operación similar con Argentina en la que se señaló al exembajador de ese país en Bolivia Normando Álvarez y dos excomandantes bolivianos por supuesto "tráfico de armas" durante la crisis de 2019, en un hecho que incluso involucró al expresidente argentino Mauricio Macri.
Este caso salió a luz por el hallazgo en depósitos de la Policía Boliviana de materiales antidisturbios no letales como balas de goma y gases lacrimógenos enviados al país supuestamente el 13 de noviembre.
El Gobierno de Luis Arce considera que el material enviado por Ecuador y Argentina pudo haberse utilizado en las movilizaciones de Sacaba y Senkata en 2019 que dejaron más de una veintena de civiles fallecidos en protestas contra el Gobierno interino, al que ahora acusan de haber llegado al poder mediante un "golpe de Estado".
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