Alberto Fujimori se presenta como una figura fuerte y decidida para retomar el liderazgo de Perú. En un video compartido en las redes sociales de Keiko Fujimori, se muestra a Fujimori acompañado de su hija, confirmando su decisión de postularse a las elecciones 2026 de Perú.
Su hija, Keiko Fujimori, quien lidera el partido derechista Fuerza Popular, al cual su padre se había afiliado el pasado 15 de junio, dijo este domingo al diario peruano El Comercio que veía con fuerzas a su padre para emprender otra carrera presidencial a pesar de su avanzada edad y su reciente revelación del diagnóstico de un tumor maligno en la lengua.
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Keiko Fujimori también expresó su confianza en la recuperación de su padre. "Está en proceso de volver a caminar y además está recibiendo radioterapias. Cuando hablamos de política, veo sus ganas de vivir y confío que se va a recuperar. Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino", aseguró la tres veces candidata presidencial peruana.
La noticia ha generado un gran revuelo en el ámbito político peruano, ya que Alberto Fujimori sigue siendo una figura controvertida debido a su pasado político y judicial.
Fujimori, de origen japonés, fue mundialmente conocido por su mano dura contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron apresados.
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Bajo su mandato, se perpetraron dos masacres significativas en Barrios Altos y La Cantuta, donde murieron civiles inocentes a manos de un escuadrón militar conocido como el Grupo Colina. Estos actos, realizados en el contexto de la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso, llevaron a Fujimori a ser condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Hasta que el máximo tribunal del país ordenó su liberación, a sus 85 años, el 7 de diciembre de 2023 bajo un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana.
Por otra parte, a lo largo de los diez años de gobierno de Fujimori, se documentaron centenares de casos de violaciones de derechos humanos, como asesinatos, desapariciones forzadas, y de torturas y malos tratos.
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Uno de los episodios más oscuros y polémicos fue la implementación de un programa de esterilizaciones forzadas, que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas. Entre 1996 y 2000, miles de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, bajo el pretexto de controlar la natalidad y reducir la pobreza.
Este programa, ejecutado por el Ministerio de Salud, ha sido denunciado como una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia de género y étnica. Sin embargo, las víctimas aun siguen luchado durante años por justicia y reconocimiento.