El crimen organizado se infiltró en tres grupos que gobernaron
Dos meses después del crimen de Fernando Villavicencio se identificaron tres eslabones en la cadena de la autoría material.
A dos meses del crimen del presidenciable, se identifican tres eslabones en la cadena de la autoría material. Los sicarios, en el nivel más bajo, habrían pactado recibir 200 mil dólares. Agentes estatales supieron que un grupo delictivo planificaba atentar contra Fernando Villavicencio.
Al interceptar conversaciones telefónicas entre personas que eran investigadas por tráfico de drogas, meses antes del atentado, se enteraron del plan para matarlo. ¿Omisión o negligencia?
Debía lanzar un libro de investigación periodística, que se ha postergado. Escribir ese prólogo ha sido un ejercicio doloroso; porque lo dedicó a Fernando Villavicencio.
“UN GRAN COMPLOT”
Christian Zurita, periodista, amigo y candidato presidencial que asumió su lugar en las elecciones de agosto, advierte que “un gran complot” se armó para asesinar al hombre que prometía acabar con la corrupción y las mafias en Ecuador. Que la estructura a cargo de la autoría intelectual del crimen político sigue intacta.
Zurita concede esta entrevista a Vistazo, el medio en que colaboró años atrás como un acucioso periodista de investigación.
Dos meses después del crimen, las revelaciones preocupan. “Yo sostengo que es un gran complot, por él pasan muchos actores, no necesariamente una sola organización política. Hay grupos relacionados y tienen vasos comunicantes con los tres principales movimientos políticos de este país. El crimen organizado penetró a cierto estamento de las organizaciones políticas que han gobernado los últimos años”.
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Para él no se puede descartar, “que nos permearon a nosotros como campaña, por las condiciones en que se dio el crimen; por el conocimiento que tenían, que tuvieron ese momento”. Se refiere a la tarde del miércoles nueve de agosto, cuando el candidato cayó abatido por las balas criminales, mientras salía de una concentración de campaña en el norte de Quito.
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TESTIMONIO CLAVE
Un testimonio anticipado movió el tablero, casi al cierre de la fase de instrucción. El testigo no estaba procesado porque el día del crimen se dañó su moto. Conocía del plan, pero no participó en él por una falla mecánica.
La declaración se recabó en una diligencia a cargo de la Fiscalía.
Ese relato identifica que los sicarios debían recibir 200 mil dólares, por atentar contra la vida de Villavicencio. Que la orden debió ejecutarse el primer día de julio, al inicio de la campaña proselitista, en un evento masivo en Santo Domingo de los Tsáchilas. Que la disposición de matarlo salió del interior de una cárcel. Y que supuestamente provino del grupo político afín al expresidente Correa. Para Zurita, una persona que se movía en el ámbito de la criminalidad no tendría el contexto suficiente para entender la complejidad del entramado y sus implicaciones políticas.
Por eso, afirma que no se deben simplificar las respuestas. Fiscalía anunció que ampliará la línea de investigación, mientras esa organización política se defendió argumentando que había un uso electoral del crimen, para desacreditar a la candidata de esa tienda para el balotaje del 15 de octubre.
TRES ESLABONES
La ruta de la investigación fiscal, hasta el momento, reconstruye tres eslabones en la cadena de la autoría material. En ella habrían participado al menos 30 personas.
En el nivel más bajo, los sicarios, quienes fueron detenidos casi en forma inmediata. De manera inesperada, siete de ellos fueron asesinados, seis en la cárcel de Guayaquil y el séptimo en El Inca, de Quito, antes de cumplirse ocho semanas del asesinato.
La gravedad del asesinato múltiple puso en jaque al sistema penitenciario y a la misma cúpula policial, que fue cesada por el Gobierno. Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio, reaccionó con indignación: “Han vuelto a matar a Fernando”.
Hay algo más grave. Y es insólito. Funcionarios estatales sabían que un grupo planeaba matar a Fernando Villavicencio pero no hicieron nada. ¿Fue omisión o negligencia? La respuesta dará un giro a la investigación.
Seis meses antes del crimen, presuntos traficantes eran seguidos por miembros de la Policía Antidrogas. Por una orden judicial, se interceptaban sus conversaciones y llamadas telefónicas. Los analistas que transcribían los diálogos tuvieron información clara de que planeaban atentar contra el presidenciable.
Una vez producido el crimen, los uniformados reconocieron, en los videos y filmaciones de los alrededores, a dos de los investigados en la trama de drogas. Ambos fueron parte del grupo de sicarios.
Por eso es que la Policía detuvo casi de inmediato a un primer grupo de involucrados; ya los tenían identificados. Sin embargo, semanas después, la mayor parte murió por ahorcamiento, mientras estaban detenidos. Esto es, bajo custodia del Estado, que debía garantizar su integridad.
En el segundo eslabón en la cadena de autores materiales está un grupo delincuencial, con base en el sur de Quito. Y en el primero, con orden de mando, un grupo identificado como “Lobos a la sombra”. A él pertenece el hombre que desde la prisión ordenó el crimen de Villavicencio. Los investigadores determinan los posibles nexos con “Los Lobos”, grupo delictivo que integra la trilogía con los “Tiguerones” y “Chone Killers”, aliados ocasionales del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
Esta cadena de autores materiales está atravesada por dos hilos continuos: tráfico de armas y de drogas. Esto confirma que Fernando Villavicencio fue víctima de las mafias, esas a las que denunciaba.
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