¿Declarar la “guerra al terrorismo” y reducir presupuestos de la educación superior es una estrategia coherente?
Incluso antes de la pandemia, desde al año 2019, las universidades públicas e institutos técnicos superiores han vivido en permanente zozobra respecto a su situación: han tenido que soportar recurrentes recortes y atrasos presupuestarios, asumir desde el año pasado los procesos de admisión sin reglas claras y sin recursos adicionales, adaptarse brutalmente al entorno virtual para, primero, hacer frente a la pandemia y luego a los reiterados Estados de Excepción por las protestas sociales y la inseguridad.
Tras los terribles sucesos del 9 de enero, el baldazo de agua fría para las instituciones de educación superior (IES) fue inmediato: se lo “comina” -a manera de cruzada religiosa- a aceptar recortes presupuestarios so pretexto de la mala situación económica del país y del necesario sacrificio que todos los actores deben realizar para vencer al “enemigo común”. Todos invitados a aceptar y a callar, de otra manera no seremos patriotas; a pesar de su ilegalidad el recorte parece que va porque va.
La dimensión del recorte se estimaba al inicio en alrededor de 80 millones de dólares para todo el sistema y se plantea actualmente en cerca de 20 millones para las Universidades Públicas. El golpe será doble tomando en cuenta que el presupuesto de este año será prorrogado para el siguiente por ser año electoral. Es decir, las universidades ni siquiera podrían beneficiarse del aumento de recaudación del IVA que pasaría del 12 al 15%, siendo ésta una de las principales fuentes de ingreso del FOPEDEUPO -fondo que financia más de 40 universidades públicas y cofinanciadas-. Además, hay que tomar en cuenta que para este 2024 ingresa en la repartición de este pastel presupuestario la tan boicoteada Universidad Experimental Yachay y en 2025 ingresará la Universidad Intercultural Amawtay Wasy, sin mencionar que en las propuestas populistas sobre educación superior de los últimos años se aprobó la creación de la Universidad de la Policía, cuyo proyecto debutaría en 2025. Y la lista sigue en los próximos años. De llegarse a reformar la Ley Orgánica de Educación Superior tal como consta en la agenda de trabajo de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de 2024, la principal prioridad debería ser la sostenibilidad financiera del sistema.
Muchos dirán que el sector de la educación superior es privilegiado, que hoy lo prioritario es fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar esta “guerra”. Sin embargo, es preciso señalar que de poco o nada servirá “la mano dura” sin ocuparse de las verdaderas estructuras del problema: la desigualdad social y pobreza extrema de gran parte de la población, la falta de oportunidades para una población joven que no puede ni estudiar ni trabajar, los imaginarios capitalistas que han endiosado al dinero fácil sin importar la anomia social, entre otros.
En resumen, los problemas son materiales y culturales. Las balas y la vigilancia únicamente serán paliativo temporal, si no se logra mejorar concretamente la calidad de vida ni se busca incidir en la matriz cultural de la sociedad. Apostarle únicamente al argumento bélico en esta crisis equivaldrá a perennizar el paradigma del miedo y el encierro- el cual para el Ecuador ya no es Excepción sino regla desde hace 4 años (primero por la pandemia, hoy la inseguridad).
En este escenario, ¿cómo se puede desde las universidades aportar para revertir la espiral del terror?
En primer lugar, cumpliendo con sus funciones primarias: educando a la población joven, dotándole de herramientas para insertarse con competencias sólidas en el campo laboral; es necesario que la educación superior responda a los desafíos económicos y sociales. Luego, cumpliendo un rol como institución de cohesión social: los estudiantes conviven en el campus universitario, fortaleciendo el lazo que la virtualidad y el encierro corroen paulatinamente; el contacto y la presencia son determinantes hoy más que nunca.
Tercero, las funciones de investigación y vínculo tienen la responsabilidad de aportar a las soluciones. Hay que erradicar esa visión de la Universidad desconectada y que no se involucra – derrumbar la famosa imagen de la torre de marfil. La reforma de la educación superior del año 2010, sin duda, ha contribuido de manera importante en la revalorización de estos pilares de la misión educativa, otrora relegados. Justamente, las funciones sustantivas de la educación superior son fundamentales al examinar la creciente oferta de educación superior virtual que rompe “el mercado” con precios bajos y títulos express: las “universidades virtuales” carecen de compromiso de investigación y vínculo con la sociedad, además de ignorar las legítimas aspiraciones de docentes a la estabilidad y la carrera académica de largo plazo.
En investigación, por ejemplo, desde el campo de la cultura y las artes, es importante identificar cuáles son las manifestaciones estéticas que seducen a la juventud: ¿por qué la estética del narco se ha imbricado silenciosamente en nuestras preferencias? ¿Por qué -muchas veces sin darnos cuenta- nuestros comportamientos reproducen los valores del narco sobre la infracción de las normas y la maximización – a cualquier costo- de los beneficios propios?
En materia de vínculo con sociedad, se puede tomar como referencia la acción que ya por 10 años desde la Universidad de las Artes en Guayaquil se ha tomado para promover comunidades lectoras en colaboración con líderes y educadores de barrios marginalizados, para instalar escuelas de arte en territorios en colaboración con la Prefectura del Guayas, desarrollar medios de comunicación comunitarios que ayudan a prevenir violencia intrafamiliar y trabajar las emociones de poblaciones vulnerables a través de las artes escénicas, como sucede en el proyecto de “Gran Teatro del Monte Sinaí”, entre otras iniciativas que conjugan la pedagogía, la investigación y el vínculo con las comunidades.
Finalmente, y en otra arista no menos importante, las universidades pueden actuar políticamente en el asesoramiento a líderes políticos: valiosa iniciativa que han tenido varios rectores de universidades, quienes vienen trabajando en una coalición para recabar experiencias de países que han atravesado crisis de seguridad. En una visita a Medellín y Monterrey, a través de la coordinación de varias actividades, estos directivos buscaron aportar a la construcción de políticas públicas para el bienestar y contra la violencia. ¿El gobierno tendrá oídos para escuchar y trabajar coordinadamente con rectores de universidades públicas y privadas? ¿Cómo entender esta pésima señal de recortar recursos en un momento tan crucial?
La inversión en Educación Superior es esencial para proponer una acción de mediano y largo plazo que permita enfrentar el terrorismo del narcotráfico que acciona sobre nuestras juventudes, principalmente aprovechando su vulnerabilidad y su falta de oportunidades. Vencer a la desesperanza a través del bienestar y no del miedo es uno de los más importantes aportes que la educación puede ofrecer.
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